- La organización celebra que el Consejo de Ministros de hoy “lanza un mensaje claro y valiente en favor de las familias, autónomos y pymes frente al oligopolio eléctrico”
- Reclama que las medidas aprobadas “no sean temporales, sino definitivas” porque “más allá de los vaivenes del mercado, el problema es estructural”
- María José Landaburu, Secretaria General de UATAE: “La escalada en la factura de la luz está lastrando la recuperación económica, y es necesario que la aplicación de estas medidas sea ágil y sin demoras”
Madrid, 14 de septiembre de 2021
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha valorado en la tarde de hoy como “positivas” el plan de choque aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros frente a la subida de la factura eléctrica, y entiende, en palabras de su secretaria general, María José Landaburu, que con “estos avances” el Gobierno “lanza un mensaje claro y valiente en favor de las familias, autónomos y pymes frente a los abusos de oligopolio de la grandes eléctricas”. UATAE advierte, sin embargo, de la necesidad de que las medidas, acotadas a los próximos seis meses, no sean temporales sino definitivas, y reclama además que la figura de consumidor vulnerable se extienda a la actividad profesional de los trabajadores y trabajadoras autónomas en situación de especial precariedad.
Si se reconociera el perfil de autónomos cuya actividad se encuentra en situación de bajos ingresos como consumidores vulnerables, podrían acceder al suministro mínimo vital -la prohibición del corte en el servicio, que el gobierno hoy ha prorrogado de cuatro a diez meses- y la definición de un bono social específico para el consumo ligado a la actividad profesional -algo que se habilitó como medida excepcional durante el confinamiento pero que UATAE considera que debería reformularse como medida permanente-.
UATAE destaca, del plan de choque, como medidas de especial calado comprometido la reducción de beneficios extraordinarios de las eléctricas debido al sobreprecio del gas (cuyo precio se está repercutiendo hasta ahora a centrales no emisores como las nucleares o las hidroeléctricas) y el tope a la subida de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) para familias y pymes (de modo que este no podrá subir más de un 4,6 % en los próximos dos trimestres), así como la modificación de la Ley de Aguas para prohibir los vaciados de embalses con finalidad especulativa como los que hemos vivido recientemente. En relación a las medidas fiscales, saluda que tendrán “un impacto positivo en la factura” pero advierte de que hace falta “clarificar en profundidad la fiscalidad eléctrica y, más allá de bajadas o subidas puntuales de impuestos, determinar si debe pagarse el mismo IVA por el consumo mínimo necesario para vivir o trabajar, que por el resto”.
Para Landaburu, es muy importante que el “Gobierno mueva ficha frente al abuso sistematizado de las grandes eléctricas, porque además de una injusticia, la escalada en la factura de la luz está lastrando la recuperación económica y afectando a la competitividad de nuestro tejido productivo en un momento muy delicado”. Igualmente, ha pedido que la aplicación de estas medidas sea ágil y sin demoras y que el Ejecutivo se replantee su acotamiento temporal a los próximos seis meses porque “más allá de los vaivenes del mercado, el problema del privilegio del oligopolio es estructural, y requiere de soluciones definitivas”.