Las 10 propuestas de autónomos y autónomas
1. Cotización por ingresos reales
Los autónomos y autónomas tenemos un sistema de cotización deficitario e injusto que no se adapta a la realidad de nuestro trabajo. Las personas que ingresan poco se asfixian, y las que ingresan mucho no aportan.
La única forma para cambiar esta situación es una cotización adecuada a nuestros ingresos reales. Los autónomos y autónomas reclamamos justicia contributiva y cotizar de una forma similar que los trabajadores por cuenta ajena.
Así se ha venido pronunciando recurrentemente el Pacto de Toledo. El Gobierno ha anunciado su compromiso de concretar una reforma en este sentido, para lo que revindicamos una propuesta propia que presentamos en 2018 según la cual, 7 de cada 10 autónomos verían reducida o mantenida su cuota actual, y el conjunto del sistema vería mejorados sus ingresos y viabilidad para poder ampliar la protección del conjunto del colectivo.
Nos preocupa que cualquier transición a un nuevo sistema más justo y solidario pueda dilatarse demasiado en el tiempo, especialmente para las y los autónomos con ingresos más bajos.
2. Pensiones y prestaciones sociales
Los autónomos y autónomas tenemos las pensiones más pobres del total de personas trabajadoras: un 41% menos, que en el caso de las mujeres autónomas llega al 47%. La cotización por ingresos reales nos permitiría adecuar de forma progresiva nuestras pensiones con las del resto de trabajadores y trabajadoras.
La prestación por cese de actividad mantiene unos criterios que la hacen inaccesible a más del 50% de autónomos que la piden. Por eso exigimos reformular los criterios para hacerlos justos y accesibles a todos los trabajadores y trabajadoras autónomos.
La cotización por ingresos reales nos permitiría adecuar de forma progresiva nuestras pensiones con las del resto de trabajadores y trabajadoras, así como la mejora del conjunto de prestaciones y coberturas sociales: hablamos de tener un “paro” (prestación por cese de actividad) que no sea inaccesible a más del 50% que lo piden -como ocurre actualmente- o de contar con bajas por incapacidad temporal o permisos de maternidad y paternidad dignos de ese nombre.
3. Fiscalidad justa
El esfuerzo de contribución colectiva a los servicios públicos debe ser más justo para los y las trabajadoras por cuenta propia.
- Deducir la base de cotización del autónomo o autónoma individual como si fuera un gasto su actividad.
- Equiparar la reducción de los rendimientos netos que pueden aplicarse los autónomos y autónomas igual que la reducción que pueden aplicarse los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena en el IRPF, manteniendo el resto de reducciones propias que los autónomos ya tienen.
- IVA con criterio de Caja. Que las personas autónomas puedan acogerse durante todos los trimestres a un criterio de caja, también en el cuarto. Además, que las empresas puedan deducirse el IVA en el momento del devengo aunque el autónomo o autónoma esté acogido al criterio de caja.
- Poner el acento de la inspección fiscal sobre las grandes empresas, que concentran muy mayoritariamente las prácticas de ingeniería contable para la evasión fiscal.
4. Feminismo e igualdad
El trabajo autónomo tiene la mayor brecha de participación en el empleo: un 35% del colectivo corresponde a mujeres, que además soportan la carga de las peores pensiones. Es necesario trasladar los avances del feminismo también a nuestro colectivo del autoempleo, para hacer de él un sector igualitario y donde todas y todos tengamos los mismos derechos.
Es necesario trasladar los avances del feminismo también a nuestro colectivo del autoempleo, para hacer de él un sector igualitario y donde todas y todos tengamos los mismos derechos. En los últimos años, el crecimiento del trabajo autónomo ha venido protagonizado por un perfil de mujeres mayores de 50 años, que han sufrido la expulsión y precarización extrema del mercado laboral y han aterrizado en el autoempleo más por necesidad que por vocación.
Ello implica un esfuerzo en las políticas públicas de formación, asesoramiento y financiación específicamente para las trabajadoras autónomas, para lo que reclamamos un Plan de Emprendimiento Femenino, una orientación de la contratación pública que se fije la meta de llegar al 40% de adjudicaciones a proyectos de autoempleo liderados por mujeres y una reforma de la protección social que asegure mecanismos efectivos para la conciliación.
5. Falsos/as autónomos/as
El auge del número de falsos autónomos y autónomas en los últimos años corresponde a la transformación de nuestro modelo de empleo en un modelo precarizador y de laminación de derechos. Actualmente en nuestro país hay cerca de 225.000 falsos autónomos y autónomas.
Es necesario garantizar derechos, aumentar las inspecciones y dotar de herramientas a estos trabajadores y trabajadoras para denunciar su situación estando protegido.
Actualmente en nuestro país hay más de 225.000 falsos autónomos y autónomas, un fenómeno generalizado en la práctica totalidad de sectores económicos, potenciado en los últimos años con la digitalización y la llamada “economía de plataforma” y que supone un enorme lastre para la Seguridad Social e ilustra la extrema precariedad estructural del trabajo autónomo.
La Ley Rider es un primer paso que hemos logrado, pero hace falta extremar los mecanismos de la inspección de trabajo para hacerla cumplir y que hay que ir extendiéndola a otros sectores. Por ello, es necesario garantizar derechos, aumentar las inspecciones y dotar de herramientas a estos trabajadores y trabajadoras para denunciar su situación estando protegido. Desde UATAE defendemos ampliar la legislación al resto de colectivos afectados para blindar la laboralidad de quienes son, en la práctica, asalariados.
6. Jóvenes
Los y las autónomas jóvenes de hasta 30 años representan sólo el 6,2% del colectivo, frente al 15,9% de esa franja de edad en el trabajo asalariado. Es necesario mejorar el acompañamiento público al emprendimiento joven con el acceso a la financiación.
En este sentido, proponemos la creación de un ‘Banco de Ideas’ público que analice y apoye con crédito y liquidez a aquellos proyectos protagonizados por personas jóvenes que aporten valor social, medioambiental o cultural y que precisan una atención especial y unas condiciones diferentes a las que usa la banca comercial.
De esta manera, además, el trabajo autónomo joven puede ser una llave estratégica para afrontar el reto de la España Vaciada, el impulso a la investigación científica de origen español o la transición ecológica, entre otros.
7. Representación democrática: un autónomo/a, un voto
Los autónomos y autónomas queremos elegir, igual que lo hacen los trabajadores por cuenta ajena mediante elecciones sindicales, quién nos representa. Es muy sencillo: un autónomo/a, un voto.
Se trataría, por tanto, de un procedimiento similar a las elecciones sindicales. De esta manera, todos los autónomos tendrán derecho a participar en la elección de las organizaciones representativas del colectivo, sin estar asociado a ninguna de ellas o, incluso, estando asociado a alguna a través de una asociación integrada, poder votar a otra asociación. La máxima sería: un autónomo, un voto.
Respecto a los procedimientos técnicos sobre los que se asentará dicho proceso, no es necesario explicar en profundizar ni entrar a respaldar la suficiencia de desarrollo de medios tecnológicos actuales que puedan usarse para la votación en dicho proceso haciendo uso del certificado digital que cada autónomo emplea de manera ordinaria.
8. Segunda oportunidad
Que tu proyecto no salga bien no puede significar la muerte civil. Cuando un autónomo o autónoma pone en marcha una idea, no solo gana la persona, sino también la sociedad.
Por eso la Ley debe recoger la sentencia del Tribunal Supremo 381/2019 del 2 de julio e incluir también a las administraciones públicas a la hora de exonerar la deuda y por tanto, la obligatoriedad de incluir las deudas de titularidad pública en el plan de pagos aprobado por el juez para que puedan ser también objeto de condonación o fraccionamiento.
Es imprescindible que la reforma de la ley concursal en la que ya está trabajando el gobierno incorpore esta reivindicación.
9. Morosidad
Los trabajadores autónomos se enfrentan en su día a día al incumplimiento continuo de los plazos que fija la Ley para el pago de facturas. Se calcula que sólo las grandes empresas cotizadas dispararon su morosidad con los autónomos y pymes en España hasta los 58.427 millones de euros en 2020.
Es un problema estructural, una práctica tan asentada que pervierte el funcionamiento de nuestro tejido económico más allá de la coyuntura de la gestión de los fondos europeos.
El Congreso aprobó en septiembre de 2020 tomar en consideración una proposición de ley para establecer un régimen sancionador de la morosidad, pero a día de hoy su tramitación parlamentaria está estancada.
10. Mundo rural
El mundo rural representa el 85% del territorio pero apenas el 20% de la población en España, y la migración y los desequilibrios territoriales siguen ampliándose. El llamado ‘reto demográfico’ señala un problema de país que puede atajarse a través del fomento de proyectos de desarrollo local y comunitario basados en el autoempleo.
Se hace imprescindible construir proyectos que aseguren los “relevos generacionales” que permitan la pervivencia de actividades rentables y un fuerte impulso a la tecnologización de los autónomos y autónomas del entorno rural, para fomentar y consolidar iniciativas de autoempleo, grandes dinamizadores y vertebradores del tejido social del medio rural.