- La aprobación del proyecto de ley Crea y Crece por parte del Gobierno es “un paso en la buena dirección, que debe mejorarse en la tramitación parlamentaria”
- Landaburu: “Las grandes empresas del IBEX-35 pagan a 191 días a sus pequeños proveedores con total impunidad lo que, además de un abuso, es un lastre para la recuperación económica”
Madrid, 1 de diciembre de 2021
El Consejo de Ministros de ayer aprobó el proyecto de ley ‘Crea y crece’ para fomentar y agilizar la creación de sociedades, y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) saluda que “recoja la preocupación por la morosidad que está ahogando a autónomos y pymes”, pero la considera insuficiente para afrontar esta “lacra”, en palabras de la secretaria general de UATAE, María José Landaburu. La Unión de Autónomos insiste en que la morosidad debe resolverse con “un régimen sancionador para quienes pagan tarde y mal, porque es así como puede terminarse con la cultura de impunidad”, y recuerda que “la reforma legal para establecer ese régimen lleva más de un año bloqueada en el Congreso, tras aprobarse por unanimidad su toma en consideración en septiembre de 2020, mientras autónomos y pymes se asfixian”.
El proyecto de ley ‘Crea y crece’, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, contempla que las empresas que incumplan los plazos de pago no puedan ser beneficiarias de subvenciones públicas como medida contra la morosidad. Landaburu celebra que este requisito, que puso encima de la mesa la Confederación Nacional de PYMES (CONPYMES) de la que UATAE forma parte, se haya visto incluido en la propuesta del Gobierno, “en un momento clave, a las puertas de los fondos europeos”, e igualmente valora muy positivamente la generalización de la facturación electrónica, que “pone la lupa sobre la trazabilidad de las obligaciones de pago” y la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Sin embargo, UATAE, aunque aprecia que todas estas medidas del nuevo proyecto legislativo “van en la buena dirección, deben mejorarse y completarse en la tramitación que se inicia ahora en el Congreso, y ahí es el momento de que el régimen sancionador pueda ver la luz”.
Sólo en el caso del IBEX35, la cantidad adeudada en importes pendientes de pago a proveedores alcanza los 58.427 millones de euros. “Estas grandes empresas cotizadas”, remarca Landaburu, “actúan con total impunidad porque les sale gratis, y tardan 191 días en cumplir con sus pagos a sus pequeños proveedores, muy lejos del límite legal de 30 días”, lo que supone “no sólo una asfixia para muchos autónomos y pymes, sino un lastre para la recuperación económica, porque es dinero que supondría una inyección indudable a la liquidez del conjunto del tejido productivo”.