- Casi la mitad de autónomos aplica medidas preventivas en su día a día pese a la falta de respaldo institucional
- UATAE alerta de un modelo basado en la responsabilidad individual y no en derechos garantizados
- Landaburu, “sin prevención no hay trabajo digno, necesitamos un sistema público que proteja también a quienes trabajan por cuenta propia”
Madrid, 14 de abril de 2026
El Observatorio del Trabajo Autónomo de UATAE sigue dibujando una realidad marcada por la contradicción. Las y los autónomos asumen la prevención por su cuenta, pero lo hacen sin el acompañamiento necesario por parte de las administraciones públicas. El informe, que ha contado con una muestra de 800 participantes, revela que el 87% del colectivo considera insuficiente el apoyo institucional en materia de prevención de riesgos laborales (un 40% que lo califica como inexistente y un 47% como escaso). A pesar de ello, la práctica preventiva está presente en una parte significativa del colectivo. El 46% de las y los autónomos afirma utilizar medidas de prevención de forma frecuente o constante en su trabajo diario, lo que demuestra una conciencia creciente sobre los riesgos asociados a su actividad.
Sin embargo, esta implicación individual no se ve acompañada por un sistema estructurado que garantice condiciones de seguridad equivalentes a las del trabajo por cuenta ajena. La identificación de riesgos tampoco es plena: un 35% considera que no están suficientemente definidos, lo que evidencia lagunas en el acceso a información y herramientas. “Lo que nos dicen los datos es muy claro, las y los autónomos se cuidan solos porque no tienen otra opción”, ha afirmado María José Landaburu, secretaria general de UATAE. “No puede ser que la prevención dependa de la voluntad individual, sin apoyo público, lo que tenemos es un sistema débil que deja a miles de personas expuestas”.
Esta falta de cobertura institucional se traduce también en desigualdades dentro del propio colectivo. Las actividades con mayor exposición a riesgos físicos (como la construcción, el transporte o determinados servicios personales) son, a su vez, las que menos recursos tienen para implementar sistemas preventivos adecuados. En muchos casos, la prevención queda reducida a decisiones individuales, condicionadas por la disponibilidad económica o el acceso a formación específica, lo que refuerza un modelo fragmentado e ineficiente. Mientras que las empresas cuentan con marcos regulatorios claros, servicios de prevención y obligaciones bien definidas, las y los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a un vacío normativo que dificulta tanto la prevención como la actuación en caso de accidente o enfermedad profesional. Esta desprotección no solo afecta a su salud, sino que tiene un impacto directo en la sostenibilidad de sus actividades económicas.
Desde UATAE insisten en la necesidad de avanzar hacia un modelo que reconozca la prevención de riesgos laborales como un derecho efectivo también para el conjunto del colectivo. Esto pasa, según la Organización, por el desarrollo de políticas públicas específicas, el refuerzo de los sistemas de asesoramiento y formación, y la creación de mecanismos que garanticen el acceso a recursos preventivos independientemente del tamaño o sector de actividad. En este sentido, UATAE reclama que la prevención deje de entenderse como una responsabilidad individual y pase a formar parte de un marco colectivo de protección, equiparable al del trabajo asalariado. “No estamos hablando de recomendaciones, sino de derechos”, ha subrayado Landaburu. “Si queremos un tejido productivo sostenible, tenemos que cuidar a quienes lo sostienen cada día en condiciones muchas veces precarias”.