- La Unión de Autónomos advierte de que “25 años de negligencia institucional no sólo han ocasionado un impacto imperdonable en un entorno natural único, sino que está afectando a la viabilidad del trabajo autónomo y las pymes de la zona”
- La organización se suma a la campaña a favor de la ILP para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia y favorecer así su protección efectiva
Madrid, 27 de agosto de 2021
La crisis desencadenada en el Mar Menor en las últimas semanas ilustra “un problema de fondo al que no son ajenos los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia” y que requiere “soluciones duraderas”, como ha pedido hoy la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Para esta organización representativa de autónomos, “estamos ante un drama ecológico que está terminando con la biodiversidad de la laguna salada más grande de Europa”, explica su secretaria general, María José Landaburu, pero, además, “el grave deterioro medioambiental pone en peligro la actividad económica y el empleo” en la zona.
Landaburu recuerda que las más de 4,5 toneladas de peces muertos de los últimos días forman parte de “la crónica de un ecocidio anunciado”, ya que se suman a la pérdida de un 85% de la vegetación marina en 2016 o a las otras 3 toneladas de peces muertos en la crisis de 2019. Paralelamente, según denunció en marzo pasado Comisiones Obreras, los problemas que se arrastran han afectado ya a 50.000 trabajadores y trabajadoras, por lo que “urgen medidas estructurales que devuelvan un horizonte de futuro estable y oportunidades económicas” a todo el entorno. “25 años de negligencia institucional no sólo han ocasionado un impacto imperdonable en el Mar Menor y su cuenca”, razonan desde UATAE, sino que “además está afectando a la viabilidad de la actividad del trabajo autónomo y a miles de pymes de toda la zona”, especialmente en sectores como el comercio y la hostelería.
Entre las principales causas del deterioro de este paraje natural está el vertido masivo de agua dulce contaminada por nitratos proveniente de los cultivos de regadío intensivo del Campo de Cartagena, por lo que se hace necesario terminar con la actividad de las 8.000 hectáreas de cultivos ilegales. UATAE ha pedido “no generalizar respecto a estas prácticas ni criminalizar a los pequeños productores agrícolas que desarrollan legalmente su actividad y que ya han venido esforzándose por minimizar su impacto en los últimos años” y aboga por “generar alianzas entre la administración, la sociedad civil y el tejido económico que permitan una transición hacia un modelo de agricultura más sostenible y por alternativas de oportunidades económicas y de empleo”.
UATAE se ha dirigido a la plataforma promotora de la Iniciativa Legislativa Popular Mar Menor para manifestar su apoyo y adhesión a la campaña, que se encuentra recogiendo firmas en toda España para llevar al Congreso un proyecto de ley que lo dote de personalidad jurídica propia como mecanismo efectivo para la protección de su patrimonio natural. Esta ILP, impulsada por un grupo de expertos juristas de la Universidad de Murcia, cuenta con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza y de organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y de la sociedad civil. Tiene hasta finales del mes de octubre para recabar las 500.000 firmas necesarias para que el Congreso considere su propuesta.