Recuerdan que la nueva normativa que negocia Trabajo con los agentes sociales “es un primer paso imprescindible” para luchar contra la proliferación de falsos autónomos
Madrid, 24 de febrero de 2021-.
Ante la situación de parálisis que parece que vive la negociación, en el marco del diálogo social entre el Gobierno, patronal y sindicatos, de la denominada ‘ley rider’ que pretende blindar la laboralidad de los repartidores que las plataformas digitales emplean como falsos autónomos, las y los jóvenes de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) exigen a los representantes de estas grandes empresas multinacionales desistan de su estrategia, que parece “más de boicot que de negociación” y reclama que “dejen de bloquear la posibilidad de un acuerdo”. Para la sección juvenil de UATAE, es urgente “que nuestra legislación sea garantista de acuerdo a lo que viene expresando la Inspección de Trabajo y los tribunales, y es que los riders no son autónomos” y ha recordado que las previsiones iniciales de la nueva ley -abarcar a más ámbitos de actividad de las llamadas plataformas digitales, y no sólo al reparto de comida a domicilio- ya se han visto rebajadas como muestra de acercamiento de las otras partes.
UATAE que la nueva normativa será “un primer paso imprescindible” y entiende que la patronal de estas plataformas “debe comprender que su modelo de negocio no puede ser contrario a los derechos laborales, porque eso no tiene nada de moderno ni innovador”. Las y los jóvenes de UATAE recuerdan que el fenómeno de los falsos autónomos es un problema cada vez más extendido en todos los sectores, como denuncia en su informe anual el Observatorio habilitado por la organización para hacer seguimiento de esta lacra. La sección juvenil de UATAE explica que el auge de la problemática es grave no sólo por lo que supone de derechos conculcados a los trabajadores y trabajadoras afectadas, sino también porque evidencia la desprotección y vulnerabilidad estructural del trabajo autónomo, que hace posible que se use instrumentalmente de manera fraudulenta por parte de empresas porque «les sale más barato en términos salariales y de derechos».