- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que forma parte UATAE, ha hecho públicos hoy los resultados de su Estudio de Plazos de Pago 2019
- El año pasado aumentó la morosidad de las administraciones a setenta días, muy lejos de los treinta que marca la ley, y para el 60 % de proveedores, el tipo de cliente que más tarda en pagar son las grandes empresas.
- “Estos datos son un duro golpe a los autónomos y PYMES”, en palabras de la Secretaria General de UATAE, María José Landaburu, “y urge instaurar un régimen sancionador que ponga su acento en castigar a las grandes empresas que nos estrangulan”.
Madrid, 19 de febrero de 2020
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que forma parte la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), ha publicado esta mañana el Informe sobre Morosidad en España 2019, que recoge los resultados de su Estudio de Plazos de Pagos elaborado a partir de las encuestas realizadas a más de ochocientas organizaciones. UATAE denuncia el empeoramiento de los períodos de pago del sector público y la elevada morosidad de grandes empresas -las que tienen una facturación superior a los 50 millones de euros- como los dos peores impactos del informe en el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas.
En concreto, el estudio revela que durante el pasado 2019 las administraciones públicas se demoraron de media hasta los setenta días en sus pagos a proveedores, una distancia abismal respecto a su obligación legal de pagar a treinta días. Por otro lado, los proveedores encontraron especiales dificultades para cobrar por su trabajo en las grandes empresas, que constituyen para el 60% de ellos el tipo de cliente que más tarda en pagar -el 46% de estas grandes empresas llegan a demorarse más de noventa días-.
Para María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “estos datos son un duro golpe a los autónomos y PYMES, y viene a ilustrar con cifras concretas una realidad que desgraciadamente conocemos del día a día”. Frente a ello “es imprescindible que se tomen medidas para terminar con la sensación de impunidad de los morosos y se instaure cuanto antes un régimen sancionador que ponga su acento en castigar a las grandes empresas que estrangulan a quienes mantenemos vivo la actividad económica, la prestación de servicios y el empleo en este país, a pesar de tantas dificultades”.
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