- La organización considera positivo que la reforma reconozca por primera vez en el ámbito del sistema público la necesidad de mejorar la protección social de los profesionales colegiados mutualistas, pero advierte de que mantiene importantes desigualdades y deja fuera a quienes ya son pensionistas
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) valora positivamente la aprobación de la Ley 2/2026, que supone un primer avance en el reconocimiento de la situación de los profesionales colegiados integrados en mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La reforma incorpora, por primera vez en el ámbito del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), medidas dirigidas a reforzar la protección social de este colectivo, mejorar las condiciones de funcionamiento de las mutualidades y establecer mecanismos que permitan aproximar sus niveles de cobertura a los garantizados por el sistema público.
Sin embargo, UATAE considera que la reforma se queda corta y mantiene importantes carencias que deben ser corregidas para garantizar una protección social suficiente y equiparable a la del conjunto de las personas trabajadoras autónomas.
Una reforma que deja atrás a quienes ya son pensionistas
Una de las principales limitaciones de la Ley 2/2026 es, a juicio de UATAE, su falta de reconocimiento hacia quienes ya han accedido a una pensión.
La norma excluye expresamente del acceso al mecanismo de transferencia de derechos económicos a quienes perciban una pensión de cualquier régimen público o de la propia mutualidad, con la excepción de las pensiones de viudedad.
Para UATAE, esta exclusión resulta especialmente preocupante porque deja fuera precisamente a personas que ya viven una situación de vulnerabilidad por haber desarrollado su trayectoria profesional bajo unas condiciones de protección social inferiores a las del sistema público.
Más cotización para los mutualistas, pero sin garantizar mejores pensiones
UATAE critica asimismo que la reforma avance hacia una equiparación de las aportaciones de los mutualistas con las del sistema público sin establecer una obligación equivalente para las mutualidades respecto de las prestaciones que deben garantizar.
La organización considera que no resulta razonable exigir a los y las mutualistas un incremento progresivo de sus cuotas hasta aproximarlas a las del RETA mientras las mutualidades no tienen la obligación de garantizar unas pensiones mínimas suficientes y equiparables a las del sistema público.
Aumentar las aportaciones sin garantizar un incremento equivalente de la protección social supone trasladar el coste de la reforma a los profesionales y puede generar un beneficio injustificado para las mutualidades, que verían incrementados sus ingresos sin que exista una garantía equivalente de mejora de las prestaciones.
Para UATAE, cualquier proceso de equiparación debe realizarse desde una perspectiva de equidad, suficiencia y garantía de derechos, y no limitarse a aproximar las cuotas mientras se mantienen diferencias en las prestaciones.
La alternatividad es el origen de una desigualdad que no se resuelve
La organización considera igualmente insuficiente que la reforma mantenga el régimen de alternatividad entre el sistema público y las mutualidades de previsión social.
A juicio de UATAE, la alternatividad es precisamente uno de los elementos que está en el origen del problema que la reforma pretende abordar. Mantenerla sin una revisión estructural supone perder una oportunidad para avanzar hacia un modelo de protección social más justo y homogéneo para el conjunto de las personas trabajadoras autónomas.
La organización reclama, por ello, que el debate no se limite a mejorar parcialmente el funcionamiento de las mutualidades, sino que aborde de manera decidida las desigualdades derivadas de la existencia de dos sistemas de protección social con niveles de cobertura diferentes.
Una integración que no es automática y queda pendiente de desarrollo reglamentario
UATAE también advierte de que la reforma no establece un mecanismo de integración automática en el sistema público, sino un procedimiento voluntario sometido a determinados requisitos y cuyo desarrollo queda condicionado a una posterior regulación reglamentaria.
Será ese desarrollo el que determine cuestiones fundamentales como los requisitos concretos de acceso y la equivalencia entre los derechos económicos acumulados en las mutualidades y los períodos de cotización que puedan reconocerse en el sistema público.
Por ello, una parte sustancial de la efectividad real de la reforma queda todavía pendiente de desarrollo reglamentario, lo que genera incertidumbre sobre su alcance y sobre el número de profesionales que finalmente podrán beneficiarse de sus medidas.
UATAE reclama que ese desarrollo se produzca con criterios de transparencia, igualdad y suficiencia, garantizando que los requisitos no se conviertan en nuevas barreras para el acceso a los derechos reconocidos por la ley.
El cómputo mes a mes debe ser el criterio general
Finalmente, UATAE considera necesario revisar el sistema previsto para el reconocimiento de los períodos de cotización.
La organización defiende que el criterio de cómputo “mes por mes” debe aplicarse con carácter general a todas las personas afectadas por la transferencia de derechos económicos.
Para UATAE, el reconocimiento de los períodos debe responder a un criterio homogéneo que permita valorar de manera justa las aportaciones realizadas durante la trayectoria profesional, evitando diferencias de trato entre personas que se encuentran en situaciones sustancialmente similares.
UATAE reclama una reforma que garantice derechos, no solo equivalencia de cuotas
UATAE considera que la Ley 2/2026 supone un primer paso relevante porque reconoce la necesidad de abordar la situación de los profesionales colegiados mutualistas y abre la puerta a mejorar su protección social. Pero el avance legislativo no puede darse por concluido.
La organización reclama que el desarrollo y la aplicación de la reforma permitan avanzar hacia un modelo en el que la equiparación de las aportaciones vaya acompañada necesariamente de una equiparación real de derechos y prestaciones, se dé respuesta a quienes ya son pensionistas, se corrijan las desigualdades derivadas del régimen de alternatividad y se garantice un acceso efectivo y no discriminatorio al sistema público.
Para UATAE, la protección social debe estar garantizada por el sistema público y no puede depender de entidades privadas que anteponen sus intereses y su beneficio a las pensiones de los y las profesionales.
La organización seguirá defendiendo que cualquier reforma de la protección social de los profesionales mutualistas tenga como objetivo último garantizar derechos sociales suficientes, sostenibles y equiparables a los del conjunto de las personas trabajadoras autónomas.