Madrid, 13 de diciembre de 2023
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), ha puesto en relieve una problemática alarmante que afecta a la economía del país: la exclusión significativa de las y los trabajadores autónomos de la contratación pública. Esta situación, que limita el acceso de las micropymes y las y los autónomos a oportunidades esenciales de contratación, representa un desafío crítico no solo para el tejido productivo, sino también para la economía en su conjunto. En España, la contratación pública constituye entre el 18% y 20% del PIB, lo que subraya su influencia en la dinámica económica del país. Sin embargo, estudios indican que las PYMEs, microempresas y trabajadores autónomos no acceden a la contratación pública en igualdad de condiciones que las grandes empresas. Este desequilibrio no solo inhibe el crecimiento económico y la innovación, sino que también propaga una competencia desigual y limita las oportunidades para el desarrollo sostenible de estas entidades fundamentales.
Participación en la Consulta Pública de la CNMC
En respuesta a esta preocupante situación, UATAE ha participado activamente en la consulta pública de la CNMC sobre la participación de las PYMEs en la contratación pública y las barreras a su actividad empresarial. Este esfuerzo se ha materializado a través de un amplio proceso de consulta y diálogo, donde más de 350 mil autónomas y autónomos afiliados y más de 300 organizaciones que forman parte de UATAE han sido convocados para discutir y proponer soluciones viables. El enfoque se ha centrado en tres áreas críticas:
1.Información y Acceso: se ha identificado la falta de información y acceso como una barrera significativa. UATAE propone la creación de canales de información más accesibles y formación específica para pequeñas empresas y autónomos, enfatizando la importancia de pliegos claros y asistencia técnica.
2.Subcontratación: se ha destacado la problemática de la falta de transparencia y supervisión en la subcontratación. Se sugiere la implementación de mecanismos obligatorios de divulgación de información sobre subcontratas, junto con una supervisión rigurosa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y condiciones laborales.
3.Contratos reservados para autónomos: UATAE aboga por la reserva de ciertos contratos para las PYMEs, en especial para obras de valor inferior a 500.000€ y suministros o servicios por debajo del umbral europeo. Esto promovería una competencia más justa y proporcionaría oportunidades equitativas para las microempresas y trabajadores autónomos.
Con motivo de la consulta pública, UATAE reconoce el avance que representa la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026, pero es crucial señalar sus deficiencias tal y como hemos enfatizado en la misma: la ausencia de consideración hacia las y los trabajadores autónomos sin empleados a su cargo en las licitaciones y la falta de inclusión de las organizaciones representativas del trabajo autónomo en el proceso de diagnóstico de los desafíos a los que se enfrenta este colectivo para acceder a la contratación pública.
Por tanto, UATAE propone trasladar el debate sobre la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 al marco de la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA), un espacio dedicado a la promoción y apoyo de las y los trabajadores autónomos en España. A través de la Mesa del Trabajo Autónomo, un foro de diálogo y toma de decisiones, podemos garantizar que la voz de los millones de trabajadoras y trabajadores autónomos que actualmente están excluidos de la contratación pública sea escuchada. Este enfoque permitiría no solo facilitar su participación como contratistas principales, sino también asegurar una supervisión más exhaustiva por parte de la administración pública de las relaciones entre contratistas principales y subcontratistas, donde las y los trabajadores autónomos suelen terminar con peores condiciones laborales y problemas de cobro.
UATAE insta al Gobierno y a los organismos pertinentes a reconocer la importancia de esta inclusión y colaboración para fomentar un entorno de contratación pública más justo y equitativo, que realmente refleje y respalde las necesidades y contribuciones de las y los trabajadores autónomos en la economía del país.