- Esta tarde se ha presentado el acuerdo entre el ministerio de Escrivá y las organizaciones representativas de trabajadores autónomos
- UATAE valora que el Gobierno recoja “algunos avances importantes que veníamos defendiendo”
- María José Landaburu reclama que la respuesta del Ejecutivo sea más completa: “Es importante que estas medidas de protección se complementen con ayudas directas para los sectores más afectados y una moratoria de obligaciones financieras”
En la tarde de hoy, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los máximos representantes de las organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia han presentado el acuerdo alcanzado para la extensión de las prestaciones de la Seguridad Social para el colectivo de autónomos que aprobará mañana el Consejo de Ministros. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha estado presente y, en palabras de su secretaria general, María José Landaburu, considera que la prórroga de las distintas prestaciones por cese de actividad a partir de 1 de febrero de 2021 es una noticia “muy positiva”, en especial para determinados sectores, y ha saludado “el esfuerzo del Gobierno por recoger avances importantes que veníamos defendiendo”.
En esta renovación se han introducido reivindicaciones de UATAE, fundamentalmente: se han introducido mejoras técnicas que eliminarán algunas discriminaciones y permitirán un mayor alcance (acceso para aquellos autónomos que no hubieran percibido anteriormente la prestación o que hubieran estado en situación de baja por IT o la no exigencia de estar de alta los últimos 30 días para la prestación extraordinaria); mejoras en el acceso a la prestación para los autónomos de temporada, al eliminar un período concreto de temporada y flexibilizar los períodos de alta en años anteriores exigidos; y fundamentalmente la disminución del porcentaje de pérdidas del 75% al 50% en la prestación ordinaria compatible con la actividad y la eliminación del mes de marzo de 2020 como referencia para el cálculo, al estar ese mes ya afectado por el estado de alarma.
María José Landaburu considera “que no sólo se evita un apagón de protección social a partir del 1 de febrero en un momento de extrema gravedad, sino que se toma nota de elementos insuficientes de las prestaciones ahora en vigor para intentar ampliar su impacto y que muchas y muchos autónomos no queden excluidos por razones burocráticas difícilmente entendibles”.
Adicionalmente, se ha aplazado la entrada en vigor de los nuevos tipos acordados para las cotizaciones en este año 2021, “cuestión de sentido de común en estos momentos que vivimos”.
No obstante, UATAE considera que existen temas pendientes que deben ser resueltos en materia de prestaciones como: establecer un mecanismo de acreditación de la disminución de ingresos que otorgue seguridad jurídica a los trabajadores autónomos que tributen en módulos, como los taxistas; equiparar la prestación extraordinaria a la prestación compatible por cese de actividad, debiendo fijar la cuantía de la primera en un 70% de la base de cotización, o permitir acceder a las prestaciones a aquellos autónomos que mantienen una deuda con la Seguridad Social, permitiendo el fraccionamiento de la misma, aunque no supere la cuantía mínima establecida.
Junto a todo ello, UATAE hace un llamamiento para que el conjunto de la agenda política del gobierno se “complete” y se aborden nuevas medidas con un enfoque “más integral”, más allá de las competencias del ministerio de Seguridad Social. En este sentido, Landaburu defiende que “es importante que estas medidas de protección se complementen con ayudas directas para los sectores más afectados y una moratoria de obligaciones financieras”. UATAE llama especialmente la atención sobre los sectores gravemente afectados por las restricciones a la actividad que supone la lucha contra la pandemia, como: la hostelería, especialmente los servicios de comidas y bebidas; comercio al por menor; transporte terrestre, en especial taxi y distribuidores de comida y bebida a establecimientos de hostelería; actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; agencias de viajes y operadores turísticos; actividades creativas, artísticas y espectáculos; y determinados servicios personales.