En 2017, 3.965 autónomos solicitaron la prestación por cese de actividad. Estos autónomos representan sólo el 0,6% de los 611.123 autónomos que se dieron de baja por causas ajenas a la jubilación el pasado año.
De todas las solicitudes válidas que registró el Servicio de Empleo Estatal, organismo que se encarga de gestionar las solicitudes, el 45% fueron aprobadas, un 49% fueron rechazadas y un 6% están pendientes de resolución, según los datos de Seguridad Social publicados recientemente.
La unión de autónomos UATAE ha estudiado las últimas estadísticas relativas a la prestación por cese de actividad, el conocido como “paro de los autónomos”. Las comunidades autónomas con más solicitudes el año pasado fueron Andalucía, con 841 solicitudes presentadas, un 51,1% de ellas rechazadas; Madrid, 673 solicitudes, rechazadas en un 47,2%; y la Comunidad Valenciana, con 427 solicitudes presentadas y un 55,3% de porcentaje de rechazo.
Para UATAE, las condiciones y requisitos relativos a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos dista mucho de la protección que tienen los trabajadores asalariados en España. Un autónomo que cotice durante 12 meses por la prestación de cese de actividad y cierre su negocio por causas justificadas, obtendrá solo 2 meses de duración de la prestación y la cuantía recibida también será menor. Tras haber cotizado durante 48 meses o más, la duración de la prestación será de 12 meses; en el caso del trabajador por cuenta ajena, la duración alcanzaría los 16 meses. Además, la duración máxima también es menor que en el Régimen General: de un año para el trabajador autónomo y de dos en el caso del Régimen General.
Para acceder a dicha prestación, el trabajador autónomo debe acreditar que el cese de su actividad se debe a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial, y justificarlo debidamente.
Según María José Landaburu, secretaria general de UATAE, es en esta justificación donde radica la mayor dificultad y prueba de ello es que las solicitudes para la prestación por cese de actividad se reduce año tras año: 7.049 en 2014, 6.700 en 2015, 4.705 en 2016. “Muchos autónomos se ven perdidos en un laberinto burocrático y, lamentablemente, observamos que en casi la mitad de los casos se les rechaza”, ha afirmado.
Para María José Landaburu, “la realidad es que la prestación por cese de actividad de los autónomos no ha logrado, ni de lejos, la equiparación efectiva del trabajo autónomo respecto del trabajo por cuenta ajena en materia de protección social. Queremos que los autónomos, que hemos soportado gran parte del peso de la crisis, tengamos los mismos derechos que el resto de los trabajadores”.
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