- En una carta dirigida a la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la Unión de Autónomos considera positivo la inclusión de los arrendamientos financieros (leasing) en la moratoria de prestamos vinculados a las actividades de los autónomos y autónomas y solicita un paso más; que se reconsidere el criterio de vulnerabilidad económica exigido a los destinatarios de la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que el requisito sea únicamente la reducción en los rendimientos netos de las autónomas y autónomos.
- María José Landaburu: “Supondría un gran alivio sin ningún coste para el erario público y fácilmente asumible por las entidades financieras”
Madrid, 29 de mayo de 2020
El BOE del pasado miércoles 27 de mayo publicaba el Real Decreto-ley 19/2020 aprobado el martes en Consejo de Ministros, con diferentes medidas económicas entre las que se incluye la posibilidad de que las entidades financieras suscriban acuerdos para implementar moratorias en operaciones financieras, incluidos los contratos de arrendamientos financieros (leasing, renting). Lo que en principio es una propuesta que responde a la petición trasladada por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) en diferentes momentos al Gobierno, sin embargo, se ha plasmado de manera “claramente insuficiente”, según esta Unión de Autónomos, cuya secretaria general María José Landaburu ha remitido hoy una carta a la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, para pedirle que reconsideren algunos de sus términos ya que con la redacción actual ignora la problemática real de la mayoría de autónomos afectados por la crisis.
Para muchos trabajadores y trabajadoras autónomas, las obligaciones financieras de préstamos, créditos, renting o leasing destinados a inversiones de su actividad profesional (vehículos, maquinaria, licencias, materiales, etc.) se han convertido en una losa al ver reducida drásticamente su facturación durante estos meses. Por ello, UATAE ya pidió el pasado abril a la Asociación Española de Banca, la gran patronal financiera, que fuese sensible a esta realidad estableciendo aplazamientos sin intereses de entre 5 y 15 meses, y que regularizara esos pagos pendientes sumando nuevos plazos a la fecha de vencimiento final de esos contratos. La respuesta de la AEB: el silencio. Ahora, con la regulación que hace el gobierno, UATAE encuentra el principal hándicap en que los destinatarios que el decreto fija para estas moratorias son lo que se define en el Real decreto 11/2020 como personas en situación de vulnerabilidad para el acceso a las moratorias hipotecarias. Esto, a juicio de la organización liderada por Landaburu, se aleja del perfil de autónomos afectados por esta problemática y pide que el requisito para acogerse a estas moratorias sea únicamente “la reducción en los rendimientos netos respecto al mes anterior al estado de alarma”.
UATAE ha comunicado al Gobierno que, aún suponiendo un avance, tal y como está formulado su impacto será muy limitado, básicamente porque su regulación para poder acceder a la moratoria se ha vinculado a la situación de vulnerabilidad económica de la persona en la forma definida en el artículo 16 de del Real Decreto-ley 11/2020, un concepto definido para proteger a las personas más vulnerables en el ámbito de los créditos hipotecarios ligados a la vivienda familiar. Así, entre los requisitos exigidos se contempla la necesidad de acreditar ante la entidad financiera aspectos tales como los consumos de los suministros domésticos, la situación de la unidad familiar, el esfuerzo económico dedicado a la vivienda familiar y otros, que lógicamente nada tiene que ver con un autónomo que precisa de una moratoria del leasing de su vehículo de trabajo, por ejemplo, debido a la falta de ingresos por su actividad como consecuencia del Covid-19. María José Landaburu insiste en su misiva a Ana de la Cueva en que una moratoria como la que UATAE ya pidió a la banca y con los criterios ajustados a la problemática de la mayoría de autónomos afectados por la crisis, “supondría un gran alivio” para éstos “sin ningún coste para el presupuesto público” y con un impacto económico “fácilmente asumible” por las entidades financieras.
Para María José Landaburu, se trata de entender que “con una merma considerable de sus ingresos reales no es posible afrontar los gastos de la actividad y que ello, después ya de varios meses sufriendo esta situación, es cada vez más difícil de soportar”.
Finalmente, UATAE pide al Gobierno, que en esta nueva visión se debería incorporar a los autónomos y autónomas societarios, que en la redacción actual estarían excluidos.