Barcelona, 30 de noviembre de 2025
ADC ha presentado los resultados finales del proyecto Empoderamiento Seguro: Evaluación de Riesgos Laborales, Prevención y Seguridad para las Mujeres Autónomas de Cataluña, poniendo de manifiesto una realidad hasta ahora poco visibilizada: las trabajadoras autónomas, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad social, enfrentan una desprotección estructural en materia de seguridad y salud laboral.
El estudio, desarrollado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, se basa en el análisis cualitativo y cuantitativo de 20 testimonios recogidos mediante focus group desde una perspectiva feminista e interseccional. Los resultados muestran que el 85% de las participantes identifica los riesgos psicosociales —soledad, ansiedad, estrés, acoso o incertidumbre económica— como el principal problema de salud laboral, por encima incluso de los riesgos físicos o ergonómicos.
La investigación evidencia que la prevención en el trabajo autónomo se sostiene casi exclusivamente sobre la autogestión individual, frecuentemente en condiciones de precariedad. Aunque un 70% de las participantes aplica medidas de protección física, solo un 40% incorpora estrategias de cuidado psicológico, y únicamente un 10% participa en redes colectivas de apoyo, reflejando el aislamiento estructural del sector.
El informe subraya además la existencia de barreras interseccionales que agravan la exposición al riesgo: dificultades económicas para adquirir equipos de protección, aislamiento geográfico en zonas rurales, barreras lingüísticas y administrativas para mujeres migrantes, falta de adaptaciones para personas con discapacidad, y una persistente desigualdad de género en la distribución de los cuidados.
Entre las principales recomendaciones, el estudio propone la creación de subvenciones directas para la adquisición de equipos de protección, servicios móviles de asesoramiento en prevención en zonas rurales, formaciones accesibles y no binarias, y el impulso de redes comunitarias de apoyo entre mujeres autónomas. Asimismo, se insta a las administraciones públicas a incorporar de manera sistemática la perspectiva de género interseccional en las políticas de salud laboral.
“La seguridad laboral no puede seguir dependiendo únicamente de la resistencia individual. Es una responsabilidad colectiva e institucional”, concluye el informe, que reclama un cambio de paradigma en las políticas públicas de prevención de riesgos laborales.
El proyecto ha sido valorado muy positivamente por las participantes: el 90% afirma haber adquirido estrategias concretas para mejorar su seguridad y salud laboral, y destaca el espacio de diálogo como una experiencia de reconocimiento y visibilización de realidades históricamente ignoradas.
El mensaje final del estudio es claro: las políticas de prevención deben construirse con las mujeres autónomas, no únicamente para ellas.
