En 2017, 3.965 autónomos solicitaron la prestación por cese de actividad. Las solicitudes para la prestación por cese de actividad se reduce año tras año: 7.049 en 2014, 6.700 en 2015, 4.705 en 2016, así como los trabajadores autónomos cotizantes por esta prestación.
Según el Informe Economómico Financiero de la Seguridad Social relativo al 2017, el 87% de los ingresos por este sistema no se revierten en la protección social de los autónomos. El gasto efectivo es e apenas un 13% de la recaudación efectuada, lo que supone un superávit de más de 126 millones de euros.
De todas las solicitudes válidas que registró el Servicio de Empleo Estatal, organismo que se encarga de gestionar las solicitudes, un 49% fueron rechazadas y un 6% están pendientes de resolución, según los datos de Seguridad Social publicados recientemente.
Para UATAE, los requisitos para justificar la solicitud de la prestación por cese de actividad son difíciles de demostrar para muchos autónomos, lo que demuestra la baja tasa de aprobación de la prestación. Según María José Landaburu, secretaria general de UATAE, es en esta justificación donde radica la mayor dificultad: “Muchos autónomos se ven perdidos en un laberinto burocrático y, lamentablemente, observamos que en casi la mitad de los casos se les rechaza, lo que hace que en la práctica esta prestación tenga cada año menos solicitudes”, ha afirmado.
Para María José Landaburu, “las condiciones y la realidad de la prestación por cese de actividad de los autónomos no ha logrado, ni de lejos, la equiparación efectiva del trabajo autónomo respecto del trabajo por cuenta ajena en materia de protección social. Queremos que los autónomos tengamos los mismos derechos que el resto de los trabajadores y que la protección por cese de actividad no sea un mero espejismo”.
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