- La Organización advierte de que una incapacidad temporal no es una ausencia injustificada, sino una situación reconocida por criterio médico y sometida a control sanitario y administrativo
- Los datos oficiales muestran que los autónomos registran muchas menos bajas que el Régimen General, pero con una duración media mucho mayor: 106,9 días frente a 41,6
Madrid, 9 de julio de 2026
UATAE reclama un debate “serio, riguroso y sin sospechas generalizadas” sobre el aumento de las incapacidades temporales en nuestro país, después de que las bajas médicas hayan vuelto al centro de la discusión pública. La Organización considera imprescindible perseguir cualquier uso fraudulento del sistema, pero advierte de que convertir la enfermedad en una categoría sospechosa supone desenfocar el problema y trasladar sobre millones de personas trabajadoras una culpabilidad que no sostienen los datos. Una baja médica no es una falta de asistencia sin justificar. Es una situación acreditada por criterios sanitarios, reconocida por la Seguridad Social y sometida a seguimiento. UATAE recuerda que no puede mezclarse en el mismo discurso la incapacidad temporal, el absentismo, las ausencias injustificadas y el fraude, porque cada concepto responde a realidades jurídicas, laborales y estadísticas distintas. “El fraude debe perseguirse con todos los instrumentos disponibles, pero perseguir el fraude no puede significar señalar a quien está enfermo”, señala la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.
Los últimos datos oficiales disponibles de incapacidad temporal reflejan la dimensión del fenómeno, pero también obligan a leerlo con precisión. En marzo de 2026 se iniciaron 815.734 procesos de incapacidad temporal y había 1.291.585 procesos en vigor al final del periodo. La duración media de los procesos finalizados fue de 44,9 días. Son cifras relevantes, con impacto económico y organizativo, pero no pueden interpretarse al margen de una realidad evidente, España atraviesa máximos históricos de empleo y de afiliación. Cuanta más gente trabaja, más personas hay expuestas a enfermedades, accidentes, lesiones, problemas de salud mental o patologías vinculadas al desgaste laboral. El propio trabajo autónomo acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico, con 3.472.460 afiliados al RETA en junio, tras sumar 12.017 nuevas altas en el mes y 50.800 personas más que hace un año. Para UATAE, ese dato ayuda a ordenar el debate, un mercado laboral con más población ocupada genera también más procesos potenciales de incapacidad temporal en términos absolutos. “Analizar las bajas como si el empleo estuviera congelado lleva a conclusiones equivocadas, tenemos más gente trabajando que nunca y eso exige mirar los datos con proporcionalidad, no con brocha gorda”, defiende Landaburu.
La fotografía del trabajo por cuenta propia introduce además un matiz que suele quedar fuera del debate. En marzo, el RETA registró 36.661 procesos iniciados de incapacidad temporal, frente a 777.103 en el Régimen General. Sin embargo, la duración media de las bajas finalizadas entre autónomos fue de 106,9 días, muy por encima de los 41,6 días del Régimen General. Para UATAE, esa diferencia no habla de privilegios ni de abuso, sino de una realidad mucho más incómoda, muchas autónomas y autónomos retrasan la baja hasta que ya no pueden más. Cerrar un comercio, cancelar servicios, perder clientes, dejar pedidos sin atender o asumir igualmente alquileres, suministros y cuotas hace que una baja médica tenga para un autónomo consecuencias que van mucho más allá de la pérdida temporal de ingresos. “Hay demasiada gente que trabaja enferma porque no puede permitirse parar, esa es una parte del problema que casi nunca aparece cuando se habla de bajas laborales”, advierte Landaburu. “Cuando una persona autónoma llega a una incapacidad temporal de más de cien días de media, conviene preguntarse si no llegó tarde al sistema, si no aguantó demasiado y si no faltó prevención antes de que la enfermedad lo apartara de su actividad”.
UATAE considera que el incremento de las incapacidades temporales debe abordarse desde sus causas, no desde la estigmatización. El envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de los problemas de salud mental, las lesiones, las listas de espera sanitarias, la siniestralidad laboral, los riesgos psicosociales o la exposición creciente a episodios de calor extremo son factores que inciden directamente en la salud de quienes trabajan. La respuesta, sostiene la Unión de Autónomos, no puede limitarse a endurecer el discurso sobre las bajas, sino que debe pasar por reforzar la prevención, mejorar la atención sanitaria y adaptar la protección social a las realidades del empleo actual. “La pregunta no debería ser cuánto cuesta que la gente enferme, sino qué estamos haciendo para que la gente no enferme trabajando”, afirma Landaburu. “Un país que presume de récords de afiliación tiene que ser capaz de hablar también de salud laboral, de prevención y de derechos, porque trabajar más no puede significar enfermar más, ni enfermar puede convertirse en motivo de sospecha”.