- El miércoles de esta semana, 22 de septiembre, se cumplió un año desde que el Pleno del Congreso tomara en consideración la proposición de ley, pero se ha bloqueado de hecho con 36 prórrogas en la presentación de enmiendas
- UATAE recuerda que las empresas del IBEX35 pagan a 191 días “con total impunidad”, lo que “asfixia a autónomos y micropymes y lastra la recuperación económica”
- María José Landaburu: “Más de un año con una ley necesaria atascada en el Congreso, en un momento tan delicado económicamente, lanza un mensaje de complicidad con quienes tienen a miles de autónomos con la soga al cuello”
Madrid, 24 de septiembre de 2021
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) alertan de que el pasado miércoles, 22 de septiembre, se cumplió un año desde que el Congreso de los Diputados aprobara en pleno -con solo una abstención y ningún voto en contra- tomar en consideración una proposición de ley para establecer un régimen sancionador de la morosidad, sin que en todo este tiempo la tramitación parlamentaria haya avanzado. De hecho, la iniciativa se encuentra “atrapada en una suerte de bucle”, denuncia UATAE, ya que “el plazo de presentación de enmiendas se ha ido prorrogando hasta en 36 ocasiones”. María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos, reclama a las fuerzas políticas que “dejen de marear la perdiz” y le den a este tema “la prioridad que merece”, ya que se está “alimentando la impunidad” de los grandes morosos contra sus pequeños proveedores, autónomos y pymes.
UATAE recuerda algunos de los datos más ilustrativos que compila la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), de la que forma parte, como que el período medio de pago de las empresas cotizadas del IBEX35 con pymes y autónomos es de 191 días, más de tres veces el máximo legal, o los 96 ayuntamientos españoles que tardan de media más de un año en pagar. Sólo en el caso del IBEX35, la cantidad adeudada en importes pendientes de pago a proveedores alcanza los 58.427 millones de euros. El problema, remarca UATAE, es que se hace “con total impunidad” y supone “no sólo una asfixia para muchos autónomos y pymes, sino un lastre para la recuperación económica, porque es dinero que supondría una inyección indudable a la liquidez del conjunto del tejido productivo”.
UATAE aprecia que el gobierno ha querido tener “algún gesto” en el anuncio de la nueva Ley ‘Crea y Crece’, cuya fase de consulta pública al anteproyecto ha finalizado hace un par de semanas y que prevé que las empresas que no cumplan con el plazo legal de pagos no puedan concurrir a subvenciones públicas, pero advierte que será una norma “puramente cosmética” si, como aparece reflejado en el primer borrador sometido a consulta, lo que se pide para ello es una declaración responsable y no “la acreditación real de determinados requisitos”. Landaburu insiste, en todo caso, en que el Congreso “ya tiene un texto sobre el que trabajar para combatir efectivamente esta lacra articulando un régimen sancionador, para que retrasar pagos no salga gratis” por lo que “lo que toca es aprobarlo cuanto antes”.
“Más de un año con una ley tan necesaria atascada en el Congreso”, concluye Landaburu, “en un momento económico tan delicado, lanza un mensaje de complicidad con quienes tienen a miles de autónomos con la soga al cuello, que las fuerzas políticas con representación parlamentaria no pueden permitirse”.