- Las multas impuestas en 2024 se concentran en retrasos de pago y contratos incompletos, mientras las sanciones por venta a pérdidas siguen siendo la excepcionalidad
- La Organización pide reforzar la AICA para proteger a quien produce, en su mayoría autónomos, para que cobren a tiempo y a precios justos
- Landaburu, “la cadena alimentaria será justa cuando los grandes cumplan con la ley, por eso, es necesario reforzar las inspecciones e impulsar sanciones que disuadan para garantizar los cobros a tiempo”
Madrid, 3 de septiembre de 2025
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) expone la necesidad de mejorar los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria blinde a los eslabones más débiles, los pequeños agricultores y ganaderos, mayoritariamente autónomas y autónomos, frente a prácticas abusivas de grandes operadores. Los últimos datos publicados muestran que, en el tercer trimestre de este año, se impusieron 21 sanciones por más de 373.000 euros, lo que supone un importe medio que ronda los 6.200 euros. En el año 2024 se realizaron un total de 733 inspecciones y se controlaron 8.036 relaciones comerciales. El 63 % de las denuncias recibidas acabaron en sanción. El 46 % de las infracciones cometidas durante 2024 correspondieron a incumplimientos de plazos de pago, concentrándose dichos incumplimientos en el eslabón mayorista. En cambio, desde que hay registros (2021) apenas se han producido dos sanciones por venta a pérdidas, el núcleo de la protección que la ley prometía. Para UATAE, estas cifras “no son disuasorias” y evidencian una aplicación insuficiente de la norma.
Porque como expone María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “si cada día se aprieta a quien produce, el campo se vacía y la economía rural se apaga”, por ello, “necesitamos que la ley se cumpla y los mecanismos de control puedan ser ampliados para una mayor detección de casos”. La Organización recuerda que, incluso en casos con grandes compañías, las sanciones son modestas frente a su volumen de negocio, y alerta de que el Congreso rechazó recientemente (con los votos en contra de PP y Vox) de dotar a la AICA de más capacidad inspectora y sancionadora, una reforma que contaba con el respaldo del propio sector primario. “Sin recursos y sin multas que duelan, el abuso sale barato y lo paga el pequeño productor”, añade Landaburu.
UATAE propone un paquete de medidas inmediatas que vayan desde el refuerzo presupuestario y de personal de la AICA para multiplicar las inspecciones en toda la cadena, un esquema de sanciones escalado según facturación y reincidencia para que el incumplimiento no compense con un control estricto de los plazos de pago (30 días en frescos y 60 en el resto), además, del refuerzo de un protocolo específico contra la venta a pérdidas que priorice estas investigaciones. “Hablamos de derechos básicos como cobrar a tiempo, a precio justo y con contrato” subraya Landaburu, que añade que, “no hay sostenibilidad del campo sin sostenibilidad económica de sus autónomas y autónomos”.
UATAE espera que se reabra la vía parlamentaria para fortalecer la AICA y se logre cumplir así el espíritu de la ley aprobada en 2021 que no era otro que el favorecer la transparencia en la formación de precios y protección efectiva de quien menos poder de negociación tiene. “Las cifras demuestran que la arquitectura existe, pero la ejecución flojea, el resultado es que la presión de márgenes se traslada hacia abajo y estrangula a miles de autónomas y autónomos del campo”, concluye Landaburu.