- La Organización plantea nuevas medidas de protección para trabajadores por cuenta propia con menores ingresos
- El plan incluye bonificaciones energéticas, protección frente a hipotecas y límites al alquiler de locales
Madrid, 9 de marzo de 2026
La incertidumbre económica derivada de la escalada bélica en Oriente Medio y sus efectos sobre los precios de la energía y los suministros amenaza con agravar la situación de miles de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia en nuestro país, especialmente aquellos con menores ingresos o menor capacidad para absorber el aumento de costes. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha hecho pública una propuesta (puede consultarse aquí) para reconocer la figura del autónomo vulnerable, con el objetivo de activar un nuevo escudo de protección social que permita proteger la continuidad de sus actividades económicas en un contexto de fuerte presión inflacionista.
La iniciativa parte de la constatación de que muchas personas trabajadoras autónomas sufren un doble impacto en contextos de crisis. Por un lado, en su economía familiar y, por otro, en su actividad económica, de la que dependen sus ingresos. Según plantea María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “esta situación convierte al colectivo en uno de los eslabones más frágiles del tejido productivo ante subidas del coste de la energía, los combustibles o los suministros”. La propuesta define distintos niveles de vulnerabilidad dentro del trabajo autónomo, tomando como referencia el modelo de consumidor vulnerable ya existente. De este modo se establecen tres categorías: trabajador autónomo vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social, en función de los niveles de renta, la situación familiar o la percepción de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
A partir de esta clasificación, UATAE plantea la aplicación de medidas específicas destinadas a reducir los principales costes que afectan a la actividad económica de estos profesionales. Entre ellas destaca la extensión del bono social eléctrico al suministro energético de los locales comerciales, con descuentos que podrían alcanzar entre el 65% y el 100% de la factura eléctrica en función del grado de vulnerabilidad. La propuesta incluye también la creación de un bono social térmico para compensar los costes de climatización, ayudas para aliviar el pago de hipotecas vinculadas a la actividad económica (mediante congelación de cuotas o ampliación de plazos) y medidas para limitar las subidas del alquiler de los locales comerciales, especialmente cuando los arrendadores sean grandes tenedores.
Según plantea la Organización, estas medidas deberían aplicarse al menos durante todo el año 2026, con posibilidad de prórroga si se mantienen las circunstancias económicas actuales, mientras que algunas herramientas de protección energética podrían mantenerse de forma estructural. Porque como señala Landaburu, “la creación de la figura del autónomo vulnerable permitiría reforzar el escudo social para quienes sostienen miles de pequeños comercios en todo el país y que, en muchos casos, tienen muy poco margen para absorber las subidas de costes”. Desde UATAE explican además que esta propuesta se suma a la iniciativa trasladada recientemente al Gobierno para anticipar el impacto económico de la actual crisis internacional sobre el trabajo autónomo, recogidas en un documento específico que puede consultarse aquí.
Con estas propuestas, UATAE busca abrir el debate sobre la necesidad de adaptar las políticas públicas de protección social a la realidad del trabajo autónomo, especialmente en contextos de crisis económicas que afectan de forma directa a los pequeños y al tejido productivo local. “Las crisis energéticas golpean con especial dureza al trabajo autónomo”, por eso, “es fundamental anticiparse y proteger a quienes tienen menos recursos antes de que el deterioro económico termine traduciéndose en cierres de actividad”, concluye Landaburu.