- La Organización denuncia la injusta exclusión de los y las autónomas del derecho a cobrar prestaciones no contributivas previstas para situaciones de especial vulnerabilidad económica
- Landaburu, “hay que abordar de manera urgente la implementación de un sistema de subsidios que realmente responda a las necesidades del conjunto del colectivo, brindando el apoyo necesario en momentos críticos”
Madrid, 1 de diciembre de 2023
Actualmente hay más de 3,3 millones de trabajadoras y trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social que no tienen derecho a percibir los subsidios por desempleo. Tal como indica la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), para acceder a estas prestaciones se exige haber agotado la prestación por desempleo contributiva o acreditar una cotización mínima por desempleo, lo que supone “cuatro meses si se tienen responsabilidad familiares o seis en caso contrario”, matiza María José Landaburu, secretaria general de UATAE. Estas circunstancias resultan “del todo imposibles de cumplir”, señala Landaburu, “dado que no tienen posibilidad de cotizar por desempleo, siendo su única posibilidad la cotización por cese de actividad”, y ello, pese a que tanto la cotización por desempleo como la cotización por cese de actividad tienen idéntico fin, como apunta Landaburu, ambas persiguen “cubrir la ausencia de ingresos cuando se produce una situación de desempleo por circunstancias ajenas a la persona trabajadora, con independencia de que su actividad fuese laboral o por cuenta propia”.
Ante esta situación, UATAE alerta sobre el agravio comparativo existente entre trabajadores asalariados y por cuenta propia. Porque como denuncia Landaburu, “negar este derecho a las y los autónomos implica una clara discriminación, más si se tiene en cuenta que únicamente responde a una simple cuestión técnica de cotización”. Desde UATAE no comprenden esta desigualdad, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de prestaciones no contributivas financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado y no con cargo a las contribuciones sociales, por lo que “nada justifica que se dé, como otras tantas veces, un tratamiento diferente a las personas afiliadas al RETA”. Para la Unión de Autónomos, cualquier persona que cumpla los requisitos de edad y cotización debería poder acceder a los mismos con independencia del régimen en el que se hubiera encontrado encuadrado, pues de esta forma se logra cumplir de forma eficaz con la finalidad asistencial hacia las personas trabajadoras sin distinciones.
Además, para Landaburu, sigue resultando llamativo, “la exclusión del subsidio para mayores de 52 años”, que, también, “exige haber cotizado por desempleo, y que trae causa en la necesidad de especial protección de un colectivo de personas que por edad y circunstancias del mercado de trabajo se encuentran con enormes dificultades de inserción laboral”. En este sentido, Landaburu pone de relieve que “es incomprensible que se entienda que una o un autónomo mayor de 52 años que cesa su actividad por falta de viabilidad pueda tener mayores posibilidades de inserción laboral que una trabajadora asalariada” por eso, la Organización insiste en la importancia de continuar reforzando la protección social del conjunto del colectivo. Con la implementación de medidas que aseguren mayores derechos para las y los trabajadores por cuenta propia, fortaleciendo el acceso a una cobertura de salud adecuada y pensiones que reflejen la realidad de sus ingresos. “Se trata de fortalecer el sistema de protección social para las y los autónomos mediante una financiación adecuada del RETA”, sentencia Landaburu.