Las 10 propuestas de los autónomos


Los autónomos somos expertos en encontrar soluciones. Tenemos la receta para un trabajo autónomo que nos de estabilidad, protección y prosperidad, y vamos a conseguir que se pongan en marcha.

1. Cotización por ingresos reales

Los autónomos tenemos un sistema de cotización deficitario e injusto que no se adapta a la realidad de nuestro trabajo. Los que ingresan poco se asfixian, y los que ingresan mucho no aportan.

La única forma para cambiar esta situación es una cotización en adecuación a nuestros ingresos reales. Los autónomos reclamamos justicia contributiva y cotizar de una forma similar que los trabajadores por cuenta ajena.

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Los autónomos tenemos un sistema de cotización deficitario y anquilosado que no concuerda con la realidad de nuestro trabajo, ni nos permite contribuir de forma justa nuestros ingresos. Actualmente, quien gana poco se asfixia y quien gana mucho no aporta. Hay que revertir esta situación para construir un sistema de cotización equitativo y trasladar la justicia contributiva también a nuestro colectivo.

Propuestas como la Tarifa Plana son medidas con buen espíritu pero que no solucionan el problema troncal de un modelo de cotización injusto, y que solo favorecenla precarización. Además, son medidas cortoplacistas que no permiten dar respuesta al autónomo que, una vez ha terminado su periodo de tarifa plana, no tiene todavía suficientes ingresos para hacer frente a una cuota abusiva. Un sistema deficitario e injusto no se solventa poniendo parches, sino transformando el modelo.

La cotización por ingresos reales, incluida en el Pacto de Toledo desde el incio, ha sido la promesa electoral de la mayoría de partidos políticos que siempre se ha quedado en papel mojado. Es hora de dignificar nuestro colectivo con un sistema de cotización similar al de los trabajadores por cuenta ajena.

Por eso desde UATAE pedimos la puesta en marcha de un sistema de cotización por ingresos reales con cuya adecuación se persigue la justicia contributiva y la proporcionalidad de cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras autónomos.

2. Pensiones y prestaciones sociales

Los autónomos tenemos las pensiones más pobres del total de trabajadores: un 41% menos. La cotización por ingresos reales nos permitiría adecuar de forma progresiva nuestras pensiones con las del resto de trabajadores.

La prestación por cese de actividad mantiene unos criterios de acceso que la hacen inaccesible a más del 50% de autónomos que la piden. Por eso exigimos reformular los criterios para hacerlos justos y accesibles a todos los trabajadores y trabajadoras autónomos.

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Actualmente, la media de las pensiones a las que acceden los trabajadores autónomos en el momento de su jubilación son inferiores en un 41% a la media de las pensiones de los asalariados. Los datos son aún más alarmantes en el caso de las mujeres, cuyas pensiones son un 26% inferiores a las de los hombres autónomos.

La solución a esta gran desigualdad pasa por la implementación de un sistema de cotización basado en los ingresos reales que permita el aumento progresivo de las pensiones de los trabajadores autónomos.

Por otro lado, dado que las bases de cotización de un trabajador puede variar a lo largo de su vida laboral, UATAE propone que se pueda elegir el periodo de la vida laboral que compute para calcular la pensión de jubilación. Se evita así la circunstancia de aquellas personas cuyo cálculo de la pensión se ve penalizado por unos años de inactividad o de cotizaciones bajas durante los últimos 25 años de actividad, sin que se tenga en cuenta sus cotizaciones en el resto de su vida laboral.

En cuanto a la prestación por cese de actividad, dado que está demostrado que con su actual regulación resulta absolutamente ineficiente, hasta el punto de que menos menos del 1% del colectivo ha accedido a ella en lo peor de la crisis, es indiscutible la necesidad de abordar una reforma que permita adaptarla a la realidad del trabajo autónomo.

Desde UATAE proponemos modificar los requisitos de acceso a la prestación por cese de actividad, así como ampliar las situaciones de acceso a la cobertura:

  • Acceso a la prestación para aquellos trabajadores autónomos cuyos ingresos sean inferiores al SMI durante un año.
  • Modificación de la forma de acreditar las pérdidas. Actualmente, una de las principales causas de solicitud de la prestación por cese de actividad es la obtención de pérdidas derivadas de la actividad. Sin embargo, la ley exige acumular pérdidas durante un ejercicio concreto, algo que es inasumible para muchos autónomos, que cesan en la actividad antes de cumplir el requisito temporal. Por ello, se ha de modificar la forma de acreditar la inviabilidad del negocio, pudiendo demostrarse a través de un informe de expertos.
  • Incorporación de la causa legal de cese de actividad por modificaciones sustanciales en el desarrollo de la actividad no imputables al autónomo. Hasta ahora, las causas legales que dan derecho a la prestación por cese de actividad están tasadas en la ley y son muy cerradas, lo que lleva en muchas ocasiones a que algunos trabajadores que deben cesar su actividad por causas ajenas a ellos no puedan acceder a la prestación. Por ello, cualquier trabajador autónomo debe poder acceder a la prestación cuando la causa del cierre de su negocio no le sea imputable.

Por último, se debe incorporar a los autónomos en aquellas medidas protectoras, que en forma de subsidios se aplican únicamente para trabajadores por cuenta ajena, como puede ser el subsidio por desempleo o el subsidio para mayores de 52 años. No solo obliga a ello los más elementales principios del sentido común, sino el hecho cierto de que los autónomos también cotizan a la Seguridad Social por los mismos conceptos que los trabajadores por cuenta ajena, sustituyendo la cotización por desempleo por la de cese de actividad.

3. Fiscalidad justa

Deducir la base de cotización del autónomo individual como si fuera un gasto su actividad.

Equiparar la reducción de los rendimientos netos que pueden aplicarse los autónomos igual que la reducción que pueden aplicarse los trabajadores por cuenta ajena en el IRPF, manteniendo el resto de reducciones propias que los autónomos ya tienen.

IVA con criterio de Caja. Que los autónomos puedan acogerse durante todos los trimestres a un criterio de caja, también en el cuarto. Además, que las empresas puedan deducirse el IVA en el momento del devengo aunque el autónomo esté acogido al criterio de caja.
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3.1. Deducción de la base de cotización del autónomo en el rendimiento neto de su actividad para favorecer una mayor cotización a la Seguridad Social.

Una de las necesidades a las que se debe atender es la de establecer una remuneración deducible fiscalmente por el desarrollo de la actividad económica del trabajador autónomo que reduzca en la parte que corresponda los ingresos por facturación obtenidos por los servicios prestados.

Si bien es cierto que el importe facturado es la remuneración que obtiene el trabajador autónomo por el trabajo realizado, no es menos cierto que todos aquellos conceptos facturados requieren el desempeño de un trabajo, una constancia y una dedicación que, al prestarse directamente por el trabajador autónomo, disminuyen la cuantía a facturar, dado que si se incluyera la cuantificación de dicho trabajo en la facturación, esto es, el coste de la mano de obra por cuenta ajena, aumentaría considerablemente el precio.

Por ello, si bien la facturación debe mantenerse a efectos tanto del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, debe considerarse que este tipo de trabajo se califique como una retribución del trabajador autónomo, pero no como un mayor ingreso, sino como un gasto deducible que disminuya el rendimiento neto de la actividad.

Con respecto al valor de de esta retribución, proponemos que sea la equivalente a la base de cotización de la Seguridad Social del trabajador autónomo, fomentando además que los trabajadores por cuenta propia eleven su base de cotización estimulados por la deducción de la misma.

 

3.2. Equiparar la reducción por el ejercicio de actividades económicas a la reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

Los trabajadores por cuenta ajena cuyos rendimientos netos del trabajo sean inferiores a 16.825€ gozan de una minoración de los mismos de hasta 5.565€ anuales, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas del trabajo superiores a 6.500€.

Sin embargo, las rentas obtenidas por los trabajadores autónomos en el ejercicio de su actividad tienen la calificación de Rendimientos de Actividades Económicas. A estos rendimientos les es aplicable una reducción que, a priori, pudiera parecer similar, pero comparativamente es notoriamente desventajosas.

En primer lugar, la reducción máxima a la que pueden optar es de 3.700€, muy inferior a los 5.565€ establecidos para minorar los rendimientos del trabajo.

En segundo lugar, los requisitos para acceder a esta reducción son considerablemente más exigentes. Mientras que en las rentas del trabajo son beneficiarios de la reducción los contribuyentes cuyos rendimientos netos sean inferiores a 16.825€, en el ámbito de las actividades económicas son beneficiarios aquellos sujetos pasivos que obtienen unos rendimientos inferiores a 14.450€.

En tercer lugar, para aplicar la reducción a los rendimientos del trabajo, únicamente se requiere que el perceptor no obtenga rentas distintas a las del trabajo superiores a 6.500€ (sin incluir las exentas), algo que contrasta con todos los requisitos exigidos para aplicar la minoración de los rendimientos de actividades económicas, como que el 70% de la facturación se encuentre sujeta a retención, que no obtenga rendimientos del trabajo por importe superior a 4.000€, que el conjunto de gastos deducibles no exceda del 30% de los rendimientos íntegros, etc.

A nuestro juicio, todos estos requisitos no tienen sentido alguno, más aún cuando se trata de favorecer a aquellos contribuyentes con rentas más bajas, pues no dependen de la capacidad económica del contribuyente, sino de la propia naturaleza de su actividad. Por ejemplo, se podría dar la circunstancia en la que un contribuyente cuyos rendimientos sean 10.000€ no puede aplicar ésta reducción por el hecho de no tener retención en sus facturas, mientras una persona cuyas rentas de actividades económicas ascienden a 11.000€ sí se beneficiaría de la reducción si cumple todos los requisitos. Nos encontramos claramente ante un perjuicio para el primero.

Por ello, desde UATAE consideramos que se deberían eliminar todos esos requisitos y equipararse a los exigidos a trabajadores por cuenta ajena.

 

3.3. Reforma del Régimen Especial del Criterio de Caja.

El Régimen especial del Criterio de Caja se presentó como un gran avance para los trabajadores autónomos. La aplicación del mismo permitiría a los autónomos ingresar el IVA en la Agencia Tributaria una vez se hubiera cobrado la factura correspondiente. A priori, este sistema es bastante más justo que el existente hasta su llegada. Sin embargo, debido a las deficiencias de este sistema, menos del 1% de los autónomos se han acogido al mismo.

Por ello, es necesario llevar a cabo una reforma del Régimen Especial del Criterio de Caja, debiendo empezar por eliminar la obligación en virtud de la cual las empresas que establezcan relaciones comerciales con autónomos acogidos al régimen especial no puedan deducir los gastos soportados con estos proveedores hasta que efectúen el pago. De esta manera se conseguiría acabar con esa especie de autodiscriminación que se da en el momento en que se decide optar por el criterio de caja, que no permite a tus clientes deducirse el IVA en el momento de devengo, eliminando la desventaja competitiva al resto de empresarios.

Otro de los grandes inconvenientes que tiene el Régimen de Criterio de Caja, es que, a 31 de diciembre, se debe ingresar en la Agencia Tributaria todo el IVA pendiente en ese ejercicio, independientemente de que se haya cobrado no. Por lo tanto, bajo esta fórmula nos encontramos con el mismo problema que en el criterio de devengo, en el que los autónomos deben hacer frente al pago de unas cuotas de IVA que aún no han cobrado. Por ello, proponemos que se elimine la obligación de ingresar el IVA pendiente al término de cada ejercicio cuándo éste no se haya cobrado.

4. Feminismo e igualdad

El trabajo autónomo tiene la mayor brecha de participación en el empleo: un 35%. Es necesario trasladar los avances del feminismo también a nuestro colectivo del autoempleo un sector igualitario y donde todas y todos tengamos los mismos derechos.

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Las trabajadoras autónomas asumen en el trabajo autónomo la mayor brecha de participación en el empleo, del 35%, son las jubiladas más pobres, con un 26% menos en su pensión que la de los autónomos varones, que ya es un 41% menor respecto a las pensiones de los asalariados: el trabajo de la mujer autónoma es de encasillamiento permanente, y sus cotizaciones y derechos insuficientes e incompatibles con un desarrollo profesional y personal pleno.

Además, las dificultades para conciliar y para atender los cuidados cuando se decide tener hijos, junto con las barreras para acceder a determinados ámbitos de la actividad y a la financiación, son los motivos fundamentales de la escasa participación de la mujer en el trabajo autónomo o del abandono de la actividad cuando se es madre.

Por eso, desde UATAE entendemos que es urgente trasladar las conquistas feministas que se dan en la sociedad también al trabajo autónomo e ir ensanchando en derechos e igualdad a las mujeres de nuestro colectivo. Para eso es necesario poner en marcha planes emprendedores destinados a facilitar la entrada de la mujer en el autoempleo además de estrategias eficaces para ir equilibrando la brecha de participación y el fortalecimiento del papel de la mujer en el trabajo autónomo.

 

Propuestas:

1. Plan emprendimiento femenino

Construcción de un órgano consultivo en el marco del diálogo social y con asociaciones de autónomos encargados de establecer planes y estrategias para la progresiva reducción de la brecha de participación de la mujer en el trabajo autónomo.

2. Que las administraciones públicas que tengan partidas para contratación pública destinadas a proyectos de autoempleo, destinen un porcentaje mínimo del 40% a la contratación de proyectos dirigidos por mujeres autónomas.

5. Falsos autónomos

El auge del número de falsos autónomos en los últimos años corresponde a la transformación de nuestro modelo de empleo en un modelo precarizador y de laminación de derechos. Actualmente en nuestro país hay cerca de 225.000 falsos autónomos.

Es necesario garantizar derechos, aumentar las inspecciones y dotar de herramientas a los falsos autónomos para denunciar su situación estando protegido.

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En la actualidad tenemos más de 225.000 falsos autónomos, es decir, personas adscritas al RETA pero que cumplen las funciones de un trabajador por cuenta ajena en términos de total dependencia, ajenidad y retribución.

Este modelo de precarización del trabajo y de laminación de derechos, se ha puesto en auge sobre todo gracias a las plataformas digitales de negocio aunque ya eran habituales en sectores tales como la abogacía o el periodismo.

Este fraude interesa a las empresas defraudadoras que lo practican ya que ahorran costes de contratación y no les compromete con el trabajador a respetar ningún derecho laboral: son trabajadores sin paro, sin vacaciones, que pagan su propia seguridad social y que además pueden ser despedidos al día siguiente sin ni siquiera avisarles ni pagarles ninguna indemnización..

Las inspecciones de trabajo y el lobby social, sindical y asociativo están dando muestras de un progresivo avance en este campo pero solamente una transformación real del sistema que afecta a los trabajadores autónomos, dotándolos de derechos y de garantías, puede hacer que el RETA deje de ser un chollo, y por tanto de ser utilizado por las empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores, acompañando esta estrategia con un aumento de las inspecciones.

En la actualidad tenemos más de 225.000 falsos autónomos, es decir, personas adscritas al RETA pero que cumplen las funciones de un trabajador por cuenta ajena en términos de total dependencia, ajenidad y retribución.

Este modelo de precarización del trabajo y de laminación de derechos, se ha puesto en auge sobre todo gracias a las plataformas digitales de negocio aunque ya eran habituales en sectores tales como la abogacía o el periodismo.

Este fraude interesa a las empresas defraudadoras que lo practican ya que ahorran costes de contratación y no les compromete con el trabajador a respetar ningún derecho laboral: son trabajadores sin paro, sin vacaciones, que pagan su propia seguridad social y que además pueden ser despedidos al día siguiente sin ni siquiera avisarles ni pagarles ninguna indemnización..

Las inspecciones de trabajo y el lobby social, sindical y asociativo están dando muestras de un progresivo avance en este campo pero solamente una transformación real del sistema que afecta a los trabajadores autónomos, dotándolos de derechos y de garantías, puede hacer que el RETA deje de ser un chollo, y por tanto de ser utilizado por las empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores, acompañando esta estrategia con un aumento de las inspecciones.

6. Jóvenes

 Construcción de un banco de ideas para jóvenes con accesos estables a la financiación de las mejores ideas y construcción de una “cuota joven”  que permita emprender al mismo tiempo que terminan estudios o se forma.

 

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Según la EPA únicamente el 6,13% de los trabajadores autónomos son menores de 30  años. Este porcentaje es claramente menor que el porcentaje de jóvenes que existe en el contexto de la población activa.

Desde UATAE consideramos necesario impulsar medidas innovadoras, como puede ser la creación de un Banco de Ideas. Si la financiación de un proyecto de emprendimiento ya es difícil para la mayoría de las personas, adquiere aun mayor dificultad cuando eres una persona joven. Por ello, se necesita la apertura de una línea de avales, que bajo la fórmula de “BANCO DE IDEAS” permita analizar y apoyar aquellos proyectos protagonizados por personas jóvenes que aporten valor social y personal.

Otra medida que UATAE considera necesaria es el establecimiento de una cuota-joven de cotización a la Seguridad Social en relación a la idea de trabajo autónomo parcial compatible con los estudios y la formación, con un límite de edad e ingresos, ya que muchos jóvenes podrían emprender una actividad parcial por cuenta propia mientras estudian y mejoran su formación.

7. Representación democrática: un autónomo, un voto

Los autónomos y autónomas queremos elegir, igual que lo hacen los trabajadores por cuenta ajena mediante elecciones sindicales, quién nos representa. Es muy sencillo: un autónomo, un voto.

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La Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en su disposición adicional segunda, prevé la constitución efectiva y puesta en marcha del funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo tras seis meses después de la entrada en vigor de dicha Ley.

Es por ello que la actualización de la representatividad es urgente y, además, debe hacerse de acuerdo a los avances democráticos y sociales de la España de hoy. Por eso proponemos que el sistema preciso y adecuado para determinar el grado de representatividad de las organizaciones de autónomos es el de la elección directa, mediante el cual los autónomos puedan expresar voluntariamente su opinión sobre quién debe representarlos.

Se trataría, por tanto, de un procedimiento similar a las elecciones sindicales. De esta manera, todos los autónomos tendrán derecho a participar en la elección de las organizaciones representativas del colectivo, sin estar asociado a ninguna de ellas o, incluso, estando asociado a alguna a través de una asociación integrada, poder votar a otra asociación. La máxima sería: un autónomo, un voto.

Respecto a los procedimientos técnicos sobre los que se asentará dicho proceso, no es necesario explicar en profundizar ni entrar a respaldar la suficiencia de desarrollo de medios tecnológicos actuales que puedan usarse para la votación en dicho proceso haciendo uso del certificado digital que cada autónomo emplea de manera ordinaria.

Por tanto, las propuestas de UATAE son:

  1. Un proceso democrático basado en la voluntad directa expresada por cada trabajador y trabajadora autónomo
  2. Que los trabajadores puedan expresar su voto a través de medios presenciales y telemáticos para garantizar una mayor participación en dicho proceso.

8. Segunda oportunidad

Que tu proyecto no salga bien no puede significar la muerte civil de quien lo lleva a cabo. Cuando un autónomo lo pone en marcha, no solo gana él sino también la sociedad. Por eso la Ley de Segunda Oportunidad debe incluir también a las administraciones públicas a la hora de exonerar la deuda.

 

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Actualmente la Ley de Segunda Oportunidad permite a los autónomos la exoneración de las deudas tras la liquidación de su patrimonio y tras haberse sometido a un plan de pago durante cinco años que no haya satisfecho la totalidad de las deudas. Sin embargo, esta exoneración no se aplica a las deudas de titularidad pública. Así las cosas, desde UATAE consideramos que en la segunda oportunidad de los autónomos el esfuerzo debe ser de todos y no se puede exigir únicamente a los agentes privados, máxime cuando las mayores rigideces vienen de las Administraciones Públicas, siendo la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, como norma general, los mayores acreedores de los autónomos. Por ello, las quitas y las exoneraciones, así como los planes de pago, deben ampliarse a las deudas de titularidad pública.

En cualquier caso, es imprescindible establecer un proceso de rehabilitación que impida la muerte civil del afectado, que pase por un plan de viabilidad que comprometa a todos los acreedores y permita la refinanciación, aunque si finalmente no es posible, tiene que haber un punto y final.

9. Morosidad

Los autónomos no pueden seguir sufriendo la morosidad de sus pagadores o administraciones públicas que dejan a sus proyectos en una fuerte inestabilidad.

Aumentar el control e implementar la inversión del sujeto pasivo en caso de demora en el cobro de las facturas, para que no sea el autónomo sino el cliente quien se haga cargo de ello en caso de incumplir el plazo.

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Los trabajadores autónomos se enfrentan en su día a día al incumplimiento continuo de los plazos que fija la Ley para el pago de facturas. Año tras año comprobamos como el período medio de cobro de facturas aumenta, llegando a ubicarse en 95 días. Esta cuestión no es baladí, dado que los autónomos, en muchas ocasiones atraviesan dificultades de tesorería derivadas de este retraso en el cobro de su remuneración. Es evidente que, debido a la laxitud imperante en la lucha contra la morosidad, las grandes empresas e, incluso, las administraciones públicas se financian a costa de los autónomos y pequeñas empresas, con la grave repercusión que esto puede generar en la actividad de estos últimos en términos de liquidez y viabilidad de su negocio. Por ello, se debe abogar por la implantación de un régimen de control de la morosidad que sea realmente efectivo y permita a los autónomos el cobro de sus facturas en un plazo de 30 días, que es el máximo legalmente establecido.

Al margen de las sanciones que legalmente pudieran establecerse, un buen incentivo para que empresas y administraciones públicas cumplan los plazos de pago consistiría en la inversión del sujeto pasivo en aquellos casos en los que se supere el límite legal de pago de las facturas. De esta manera, cuando se dé tal circunstancia, ya no sería el autónomo el encargado de ingresar el IVA devengado en sus facturas, sino el cliente que incumple el plazo de pago. Con esta suerte de sanción, las grandes empresas y las propias Administraciones Públicas tendrían que afrontar las complicaciones derivadas de la inversión del sujeto pasivo, asumiendo las consecuencias de su demora en el pago.

10. Mundo rural

El mundo rural representa el 85% del territorio pero la migración y los desequilibrios territoriales siguen ampliándose. Construir proyectos los “relevos generacionales” que permitan la pervivencia de actividades rentables y una fuerte impulso a tecnologización de los autónomos del entorno rural, para fomentar y consolidar iniciativas de autoempleo, grandes dinamizadores y vertebradores del tejido social del medio rural.

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La importancia del medio rural en España es innegable: representa el  85 por 100 del territorio, pero integra en torno al 20% de la población (hasta un 35% incluyendo las zonas periurbanas).  

El medio rural es un entorno estratégico, por cuanto abastece de alimentos seguros y de calidad, resultado de la actividad agraria y pesquera, así como para conservación y prevención de daños en el medio ambiente. Por otro lado, se desarrollan estas actividades que contribuyen a la creación de empleo, a la innovación y al equilibrio en el saldo comercial de la economía española. No obstante, la despoblación de las zonas rurales y los movimientos migratorios sigue creciendo, acusada por los desequilibrios de índole administrativa, económica, social, demográfica o relacionados con la sociedad del conocimiento.

Una de las claves para frenar esta sangría poblacional es, precisamente, el autoempleo.

 

Propuestas:

  1. Relevo generacional.

Fomento de proyectos que permitan el mantenimiento intergeneracional de actividades rentables. Apoyo a todas las personas que quieran ceder una actividad económica consolidada o quieran emprender, basando su proyecto empresarial en una actividad ya existente.

  1. Formación en habilidades para el emprendimiento, economía del conocimiento y nuevas oportunidades de negocio.

La modernización tecnológica de las zonas rurales debe ir en paralelo a una mayor información y formación, no solo en nuevas tecnologías, sino a las nuevas oportunidades de empleo asociadas a la economía digital y del conocimiento, energías renovables.