COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

La Secretaria General de UATAE, Maria Maria Jose Landaburu Carracedo, comparecía ayer en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en defensa del colectivo de trabajadores autonomos

Comparecencia de Dª. María José Landaburu, Secretaria
General de la Unión de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos y Emprendedores (UATAE), en la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de
Toledo. Congreso de los Diputados

Presidenta, Señorías:
Quiero agradecer en nombre de la Unión de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), a quien
represento, la oportunidad que nos conceden de comparecer y
trasladarles nuestra opinión sobre un tema tan importante como
son las pensiones y su futuro. Muchas gracias a todos y cada
uno de los grupos a todas y cada una de Sus Señorías.

I. EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS
PENSIONES.

1) La crisis.
Comenzaré señalando algunas consideraciones sobre la
dimensión general de la cuestión que nos ocupa; el futuro de la
Seguridad Social y sus pensiones.

Es indudable que estamos en un momento trascendente para el
futuro de nuestras pensiones, tanto las de los trabajadores por
cuenta ajena como las de los trabajadores por cuenta propia. Los
datos económicos y financieros parecen indicar que el fondo de
reserva puede agotarse a finales del presente año o principios
del próximo. En cualquier caso, las previsiones indican que se
agotará pronto.

Sin embargo, antes de la crisis nuestro Sistema de Pensiones
daba muestras de solidez. Entre 1.999 y 2010 el superávit
acumulado por la Seguridad Social alcanzó un volumen
equivalente a 11 puntos de PIB, y ello al tiempo que se hacía un
importante esfuerzo de revalorización de las pensiones mínimas.

En 2011 el Fondo de Reserva llegó a tener más de 67.000
millones de euros. Era tan sólido, que solo en 2011, el cuarto año
de crisis, se produciría el primer déficit en el sistema (que incluso
no se habría producido si el estado hubiera aportado
íntegramente el coste del complemento a mínimos como ya
afortunadamente se hace), lo que no había acontecido a lo largo
de los trece años anteriores. Detrás de esta evolución está, por
supuesto, una muy favorable evolución económica y un proceso
de emersión de cotizaciones en el trabajo asalariado con una
vinculación cada vez más acusada de las cotizaciones a los
ingresos reales, circunstancia de la que no ha participado el
Régimen de Autónomos y a la que luego me referiré.

A partir de ahí hay que destacar que la crisis económica ha sido
intensa, profunda y duradera y, por supuesto, ha frustrado una
buena parte de nuestros planes. Sabíamos que teníamos que
prepararnos para la llegada a la jubilación de los nacidos durante
la etapa del “baby boom” y, además, a un crecimiento mayor aún
de la tasa dependencia, la población que supera los 65 años
como parte del conjunto de la población en edad de trabajar.

2) Reflexiones sobre el modelo.

Esto exige hacer una reflexión de nuevo. Ahora debemos optar
entre un modelo en el que los ingresos determinan las
pensiones o por otro en el que las pensiones determinan los
ingresos. Es claro que el primer modelo nos lleva a pensiones
más bajas que las actuales (en función del balance
ingresos/gastos), y el segundo a tener que obtener recursos
adicionales.

Sé que planteado así, sobre el papel, Sus Señorías optaran de
manera unánime por la alternativa más justa, que pasa por hacer
posible que aquellos que han estado cotizando durante toda su
vida en la lógica de la solidaridad intergeneracional, tengan
derecho a un determinado nivel de pensión. Ello nos lleva a
concluir indefectiblemente que debemos centrar el debate en dos
cuestiones fundamentales: que pensiones consideramos se
deben percibir y cuales han de ser los mecanismos para su
financiación.

Desde UATAE, participamos muy sustancialmente de las
posiciones mantenidas por CCOO, (organización con la que
mantenemos un acuerdo de asociación, y en consecuencia
trabajo estratégico, organizativo y reflexivo) que fueron
defendidas aquí por su Secretario General, I.F. Toxo, por lo que
me remito a las propuestas recogidas en los documentos
elaborados por dicha Central Sindical y que bien conocen sus
Señorías.

Solo quisiera apuntar e incidir, por la importancia que tiene sobre
el planteamiento del conjunto del sistema, en qué a nuestro
juicio, la mayor reflexión debe ir dirigida a la obtención de
ingresos; a la necesidad de modificar el factor de
sostenibilidad; y en que la revalorización de las pensiones
debe vincularse a los precios.

Este último elemento es fundamental, ya que, de mantenerse los
términos de la Reforma de 2013, numerosos estudios apuntan a
que las pensiones pueden bajar de manera considerable
respecto a su nivel actual y, lo que es más grave, a que la
pensión en términos reales descienda de conformidad con el
envejecimiento, es decir, cuanto más mayores y vulnerables sean
las personas, de menos pensión dispondrán para subvenir a sus
necesidades vitales.

3) Fuentes de financiación.

En la situación actual, si continuamos en la lógica de que las
pensiones deben pagarse solo con cotizaciones, al estar esta
posibilidad muy limitada en términos de aumento de cotizantes o
de cuantía de las cotizaciones, la única alternativa como factor
de ajuste es la bajada de las pensiones, lo que significaría hacer
recaer todo el peso del desequilibrio sobre los pensionistas
actuales y futuros.

Creemos que esta no debe ser la respuesta, sino que por el
contrario, hay que recuperar y trasladar a la sociedad española
un mensaje de confianza y tranquilidad, en el sentido de que
seremos capaces entre todos de garantizar las pensiones y que
su importe será justo, y su capacidad de compra mantenida.

Sin duda, se trata de una cuestión de justicia social, pero también
de eficiencia económica. El gasto en pensiones va destinado muy
mayoritariamente al consumo de bienes y servicios y por tanto a
incrementar la demanda, lo que es determinante para la
economía y, por cierto, muy especialmente para los trabajadores
por cuenta propia. No deberíamos olvidar que, según la tasa de
dependencia apuntada anteriormente, el colectivo de
pensionistas cada vez pesará más entre los ciudadanos y
consumidores y que su aportación al conjunto de la demanda
cada vez será mayor. No es lo mismo un colectivo tan amplio
empobrecido, que disponiendo de una adecuada capacidad de
consumo. Deprimir su poder adquisitivo, por tanto, también
significa deprimir la demanda y las oportunidades para el
colectivo al que represento.

Señorías, creemos y confiamos en la capacidad de la economía
española para responder a este reto fundamental, que al tiempo
conformará una sociedad más equilibrada y justa. En
consecuencia, hay que doblar los esfuerzos para generar los
recursos necesarios para atender esta prioridad económica y
social, y para ello tenemos que ser conscientes de que los
parámetros de generación de riqueza están cambiando y lo harán
más en el futuro, estando cada vez más despegados del empleo.

La Comisión Europea estima que a largo plazo el volumen de
empleo se podrá mantener, pero no cabe esperar que se
incremente de manera sustancial, por lo que hay que apostar por
distintas fórmulas de ingresos para financiar las pensiones que
decidamos socialmente. Pensemos en que para equilibrar el
sistema en este momento haría falta la incorporación de golpe de
unos tres millones y medio de trabajadores, un horizonte, que si
bien resulta deseable para todos nosotros, no parece ni cercano
ni posible.

Los recursos necesarios pueden venir de distintas fuentes y
deben resultar de la combinación de todas ellas con el objetivo
de repartir los costes. Cabe citar de manera global: cotizaciones
más elevadas, comenzando a corto plazo por destopar las bases
máximas de cotización; mejoras en el Salario Mínimo
Interprofesional (donde tenemos un amplio margen si nos
comparamos con los países de nuestro entorno); nuevos
impuestos para financiar pensiones, en especial sobre los
grandes patrimonios y las ventas de grandes empresas; un nuevo
Fondo de Reserva, con una dotación adecuada y recuperando el
compromiso de ser utilizado para asegurar la financiación del
sistema cuando alcancen la pensión las cohortes nacidas durante
el “baby boom”; y emisión de deuda publica en función de la
normativa europea (el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a
este último instrumento si es necesario para garantizar las
pensiones).

Todo ello, además, nos permitirá analizar y actuar para alcanzar
una distribución equilibrada de sus costes entre las generaciones
actuales y futuras, y entre sus distintos agentes.

Quiero llamar la atención de Sus Señorías, sobre la
consideración de que volver a dotar el Fondo de Reserva de
fondos suficientes se debe convertir en una prioridad, ya que
sigue siendo necesario por los mismos motivos que llevaron a su
creación y que hoy continúan vigentes ante la certeza de que se
producirá un hecho cierto en un plazo determinado que podemos
saber y medir.

Por último, debo señalar, en esta primera parte de mi exposición,
que también es necesario con carácter general que el Estado
asuma la financiación de la política de estímulos al empleo que
actualmente se hace con reducciones de las cotizaciones a la
Seguridad Social, y que supone una pérdida de ingresos para el
sistema que se estima en unos 2.000 millones de euros, ya que
forma parte de la política de fomento que realiza en cada
momento un determinado gobierno y que no puede recaer sobre
el sistema de pensiones. En este asunto siempre ha existido un
amplio consenso en el seno del Pacto de Toledo.

Se trata, en resumen, de hacer una reflexión de miras amplias y
a largo plazo, de transformar en parte la forma de pensar actual,
de evitar intereses de gestión cortoplacistas y mirar al futuro de
una forma comprometida: Tenemos que alcanzar una posición
común en la determinación de qué nivel de pensiones queremos,
y actuar con decisión para conseguir los ingresos que las
financien, evitando el salvavidas único de hacerlo sólo a través
de las cotizaciones sociales ya que posiblemente el fututo del
empleo además no lo permita.

II. EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES
AUTONOMOS.

1) Déficit de protección y convergencia de regímenes.

Entrando ya en el análisis de la parte que más nos concierne
como organización, la situación del Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos, enmarcada dentro del contexto general
que acabamos de analizar, y en sintonía con esa idea que hemos
fijado sobre considerar primero las necesidades de protección y
buscar después las estrategias para su financiación, me gustaría
trasladarles en primera instancia y como idea fuerza, la situación
de déficit de los trabajadores por cuenta propia respecto a la
protección social en España.

Bajo nuestro punto de vista hoy es igualmente vigente e incluso
más necesario transitar de verdad por el camino marcado por el
Pacto de Toledo, referente a la homologación del RETA y el
Régimen General de la Seguridad Social y mejorar la protección
social de los trabajadores por cuenta propia. También aquí
siempre hubo un amplio consenso en el seno del Pacto de
Toledo en caminar hacia la convergencia de regímenes y de
suprimir los regímenes especiales hasta convertirlos en un doble
sistema destinado a los trabajadores por cuenta a ajena y a los
trabajadores autónomos.

El artículo 26, apartado 5 de la Ley 20/2007, del Estatuto del
Trabajo Autónomo, establece una previsión de actividad
legislativa en materia de protección social y de regulación de la
Seguridad Social en virtud de la cual “la acción protectora del
régimen público de Seguridad Social de los trabajadores
autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y
prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta
ajena en el Régimen General de la Seguridad Social”.

Se insistía por la misma vía en la Ley en su Disposición Adicional
Decimoquinta, (derogada, por cierto, con ocasión de las
modificaciones del Estatuto del Trabajo Autónomo aprobadas por
el Congreso de los Diputados en la Ley 31/2015, de 9 de
septiembre) al establecer que “en el plazo de un año, el Gobierno
presentará un estudio sobre la actualización de la normativa que
regula el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos
establecida esencialmente en el Decreto 2530/1970, de 20 de
agosto, parcialmente derogado, a las necesidades y exigencias
actuales del colectivo de los trabajadores autónomos. Este
estudio preverá las medidas necesarias para fijar la convergencia
en las aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos,
en relación a los establecidos por los trabajadores por cuenta
ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.”

Pese a estas previsiones legislativas, es lo cierto, que ni el
estudio indicado se llevó a efecto, eliminándose esta disposición
recientemente, ni la convergencia se ha llegado a producir nunca,
a pesar de que como hemos dicho ya en su inicio los Pactos de
Toledo fijaban este objetivo.

La realidad actual, Señorías, es que, en materia de protección
social, la situación de los trabajadores autónomos incluidos
en el RETA dista bastante aun de la de los trabajadores del
Régimen General, y ello exige una reflexión profunda no solo a
propósito de los déficits de protección, sino en consecuencia, del
sistema de cotización a la Seguridad Social.

Para abordar los déficits de protección del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, y aparte de las cuestiones específicas
de las pensiones, hay que contemplar que uno de los aspectos
en los que persisten regímenes legales diferentes es el de las
contingencias profesionales, de cobertura obligatoria en el
Régimen General y carácter voluntario en el RETA (salvo para
los trabajadores autónomos económicamente dependientes y
para aquellas actividades profesionales que pueda determinar el
Gobierno en los supuestos en que presenten un mayor riesgo de
siniestralidad, en las que es obligatoria la cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social –D.A. 3ª, 2). Cuestión
singular dentro de las contingencias profesionales es la del
accidente de trabajo “in itinere”, que fue reconocido por la Ley
20/2007 en el campo del trabajo autónomo, aunque sólo para los
TRADE.

Señorías, otra diferencia importante es la protección por
desempleo o cese de actividad. La Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 20/2007 consignaba una previsión conforme a la
cual “el Gobierno, siempre que estén garantizados los principios
de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello
responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores
autónomos, propondrá a las Cortes Generales la regulación de
un sistema específico de protección por cese de actividad para
los mismos, en función de sus características personales o de la
naturaleza de la actividad ejercida.”

En este sentido, la situación de la prestación por cese de
actividad constituye una de las principales decepciones que en
su desarrollo se registran en la actualidad respecto de las
expectativas que abrió para el conjunto del trabajo autónomo su
plasmación legal como nuevo seguro social en el año 2010. Que
solo 2.009 autónomos, poco más del 0,3% de los cotizantes de la
prestación (600.000), tuvieran derecho a la prestación a lo largo
del año 2015 viene a constatar el diseño inadecuado de un
derecho (y, sobre todo, de su aplicación práctica), destinado a
servir de estabilizador durante las situaciones de crisis.

En nuestra opinión, Señorías, el seguro de desempleo para los
autónomos, la prestación por cese de actividad como se
denomina legalmente, debe tener carácter universal y
obligatorio para el conjunto del colectivo. La cotización de
más de 3 millones de afiliados por cuenta propia –un colectivo 5
veces mayor que el que hoy cotiza a la prestación por cese de
actividad- permitiría fijar un tipo de cotización ostensiblemente
menor que el actual y aun así triplicar largamente los 154
millones de ingresos presupuestados para el año 2016 (de los
que apenas se gasta un 8% en la prestación).

Un diseño mucho menos riguroso en cuanto a la acreditación de
los requisitos de acceso (que ya se ha ido ensayando de algún
modo en la anterior legislatura, pero cuyos efectos son nulos ya
que en 2016 continuaron rechazándose similar número de
solicitudes que en los años precedentes), compatible con
fórmulas que eviten el abuso o el fraude en su utilización,
permitirían que cumpla de verdad el objetivo para el que fue
diseñado: servir de soporte de rentas cuando se fracasa en el
negocio emprendido y, algo que debería fomentar el nuevo
diseño, impulsar el surgimiento de nuevas formas de reactivación
y formación profesional.

Debo señalar también, Señorías, que la cotización en el ámbito
de la formación profesional (sabemos que hay una iniciativa en
esta dirección del Grupo de Ciudadanos), la jubilación anticipada,
o la parcialidad en el trabajo autónomo, siguen siendo
asignaturas pendientes para el colectivo que hay que estudiar e
impulsar.

Pero muy especialmente, y en el ámbito que hoy nos ocupa, es
preocupante el déficit en términos de pensiones que sufre el
colectivo y que nos ha abocado a ser jubilados pobres, o los
más pobres de entre los jubilados. Hoy la pensión media por
jubilación de los trabajadores por cuenta propia es de 703,4
euros, un 41,2 por ciento inferior a la pensión media de los
trabajadores por cuenta ajena. Además, el 40 por ciento de los
pensionistas del RETA necesita complemento a mínimos.

Llamo a la atención de Sus Señorías sobre la situación
especialmente delicada de la mujer trabajadora autónoma
jubilada, que a las diferencias negativas en términos de
prestación que sufre como parte del colectivo de autónomos,
suma las diferencias negativas en relación a los varones
autónomos jubilados, siendo su pensión media por jubilación un
26,5 por ciento inferior a la de los hombres.

2) Déficit del RETA.

Pero, además, y a pesar de esta baja intensidad protectora de las
pensiones de los autónomos, se produce un déficit en
contingencias comunes del RETA de en torno a 6.500 millones
de euros, que en muchas ocasiones se lanza de manera
interesada sobre los trabajadores por cuenta propia como
responsables de los males del Sistema y de la reducida cuantía
de su pensión.

Sin embargo, Sus Señorías saben que este déficit entre ingresos
y gastos tiene que ver con dos factores diferentes. En primer
lugar, y de manera principal, con la incorporación, el 1 de enero
de 2008, de los trabajadores del Régimen agrario por cuenta
propia, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo, y que supuso
la entrada de 771.000 nuevos pensionistas al RETA, un 74 por
ciento de los que tenía, y que implicó pasar de la noche a la
mañana de 1.037.000 pensionistas en 2007 a 1.821.000 en 2008,
y con una aportación por cotizaciones extremadamente reducida.
Pero, en segundo lugar, por una parálisis en los ingresos,
consecuencia de la crisis y de un diseño equivocado, que hizo
que los ingresos por contingencias comunes del RETA de 2014
(9.868 millones de euros) fueran los mismos que en 2008.

3) Sobre la Cotización por ingresos reales.

Por ello, Señorías, siguiendo la lógica de reflexión planteada con
carácter previo, una vez consolidada la idea de la insuficiente
protección social que alcanza al colectivo, así como del déficit
económico del mismo, se hace preciso avanzar en la idea de
obtener financiación suficiente que permita al sistema
mejorar las pensiones de los trabajadores por cuenta propia,
y al tiempo ser sostenible, suficiente y, a nuestro juicio,
también solidario y por ende contributivo.

Ello nos lleva a la idea de profundizar en el diseño de un sistema
de cotización a la Seguridad Social y de tributación fiscal
referidos a los ingresos reales, única garantía de justicia
contributiva y de aumento de las cotizaciones de manera
solidaria.

En relación al sistema de cotización de los trabajadores por
cuenta propia y la mejora de sus pensiones, quiero destacar algo
que todos ustedes conocen; casi el 85% de los afiliados a la
Seguridad Social por cuenta propia lo hacen con bases de
cotización mínimas. Casi 2,5 millones de autónomos terminarán
pues teniendo pensiones de jubilación, y el resto de las
prestaciones vinculadas a la base y cuantía de sus cotizaciones
sociales, cercanas a la pensión mínima. Por supuesto, una
situación como la actual tiene su origen en la posibilidad de
elección de base de cotización con independencia de la cuantía
de los ingresos reales. A nuestro juicio, debería diseñarse un
modelo que descansara en la cotización basada en la renta real,
de la misma forma que se avanzó en su día en el abandono de
las bases tarifadas y su sustitución por el salario real para los
trabajadores por cuenta ajena.

Señorías, caminar hacia la cotización por ingresos reales es un
elemento impregnado de sentido común, y ensayado ya en el
contexto normativo, tanto en ámbitos fiscales como de seguridad
social. Sin duda, tiene sus dificultades de concreción al tratarse
de un colectivo que no tiene sus ingresos asegurados, pero no
podemos ni debemos renunciar a un objetivo político justo
porque su aplicación plantee dificultades.

Para vencer esas dificultades, no cabe duda de que es necesario
estudiar con profundidad las fórmulas más adecuadas, la
secuencia temporal de su implantación y sus efectos sobre el
colectivo y sobre el sistema.

Una fórmula que nosotros proponemos, entre otras que se
podrían analizar, sería establecer la referencia de cotización en
relación a los últimos ingresos conocidos, adaptables por el
autónomo en función de su realidad actual, que él si va a
conocer, si no con certeza, si con aproximación, que puedan
verse modificados cada tres meses, y que finalmente se
regularicen una vez conocidos sus ingresos reales y efectivos
con carácter anual.

Este sistema, consistente en pagar una cantidad a cuenta,
aunque ajustada a la realidad del trabajador por cuenta propia, y
regularizar posteriormente en base a los ingresos que se hayan
efectivamente producido, es conocido y funciona especialmente
en el sistema impositivo. ¿Qué otra cosa si no son los pagos a
cuenta o la retención en origen en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas?

En cualquier caso, se acepte o no esta fórmula, o se propongan
otras más acertadas técnicamente, es lo cierto que no debería
continuar un modelo como el actual, que ha permanecido en
cuanto a su estructura de ingresos desde hace más de 50 años y
que tiene como consecuencias precisamente la perdida de dichos
ingresos; que ha alimentado la miopía del corto plazo (es una
realidad tozuda la de que en ausencia de cotizaciones
obligatorias se opta por el mínimo esfuerzo aplazando la reflexión
sobre el futuro, lo que además aumenta el mayor coste por
complementos a mínimos); que reduce las cotizaciones de
aquellos que tienen más ingresos; que prima el déficit; y que
fomenta la brecha entre los propios autónomos, y entre
autónomos y asalariados.

Además, a la hora de definir un nuevo modelo bajo estos
parámetros, debido a las nuevas tecnologías, hoy disponemos de
instrumentos de cotización, seguimiento y control, más sencillos
y precisos que existían hace cincuenta años en el momento de
puesta en marcha del RETA.

En cualquier caso, en política no se debería renunciar a ningún
objetivo que consideremos justo y positivo, por el hecho de que
tenga dificultades su plasmación y mucho menos cerrar el debate
afirmando que simplemente es imposible. A nuestro juicio no
cabe la renuncia sino la decisión política y la concreción
técnica.

4) Las políticas activas de empleo aplicadas en términos
de seguridad social y la equidad. (Sobre la tarifa plana).

Como bien conocen, en los últimos años han venido proliferando
diferentes fórmulas de estímulo al autoempleo, entre las cuales
destaca la consistente en una disminución de la cuota a la
seguridad social en forma de reducción de la misma denominada
“tarifa plana”, que indudablemente puede haber jugado un papel
a la hora de impulsar las nuevas altas que se han producido en el
RETA. Merece la pena, no obstante, que valoremos este tipo de
políticas activas desde distintas perspectivas, que pueden
hacernos modular nuestra opinión sobre el efecto beneficioso de
las mismas.

Así, en primer lugar, es para nosotros importante tener en cuenta
que la implantación de este tipo de medidas no incorpora los
mínimos elementos de equidad que debieran considerarse a
la hora de implementar políticas de estímulo a cargo del
sistema. De este modo, podemos estar permitiendo que durante
un largo periodo que se va ampliando a etapas cada vez
mayores, puedan acogerse a las mismas personas que
emprenden, sin más requisito que el acto administrativo de darse
de alta, y sin considerar factores cualitativos como los ingresos
de dichas personas (que no puede presumirse de modo
determinista que sean escasos), y sin tener en cuenta
circunstancias tales como el tipo de actividad a desarrollar en el
marco del modelo productivo que se desea, o las circunstancias
de dichas personas, y que pueden merecer en su caso mayor
ayuda pública.

Por otro lado, debe ser también objeto de análisis, si el
emprendimiento, el inicio de nuevas actividades por cuenta
propia, debe seguir siendo considerado como un paradigma casi
único en el modelo del desarrollo económico y laboral del país, o
bien tenemos que concentrar los esfuerzos en un
emprendimiento responsable, y en las actividades que ya en
marcha atraviesan serias dificultades de mantenimiento, en
hacer posibles proyectos con más opciones de viabilidad y más
sólidos en lo económico y más interesantes en lo social y en el
marco del modelo productivo al que se aspire.

Nos empuja a esta reflexión el altísimo índice de rotación que
atraviesa el colectivo. Señorías, el año pasado (2016) se
produjeron en el sistema 712.000 altas, pero los autónomos sólo
aumentaron en 26.000 consecuencia de que al tiempo se
produjeron 686.000 bajas. Es decir, para consolidar un autónomo
más se necesitaron 27 altas.

Sea como fuere, es ya posición anunciada por esta parte, nuestra
consideración acerca de que en cualquier caso este tipo de
medidas, que obedecen a decisiones políticas adoptadas por los
gobiernos de turno, deben financiarse con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, y no con la Seguridad
Social.

Por otro lado, entendemos que si la aplicación del criterio de
cotización conforme a ingresos reales se lleva a efecto en algún
momento, la tarifa plana únicamente tendría virtualidad en el
marco de un sistema de cotización ya si solidario y
contributivo, en el entorno de los ingresos ubicados por
debajo de la base que se determine como mínima, y sin tener
en cuenta el momento del alta.

5) Sobre el mínimo exento de cotización y la parcialidad
en el trabajo autónomo.

Ambas medidas, que han sido tradicionalmente objeto de
reivindicación por parte del colectivo, dejan de tener eficacia y
virtualidad práctica con la aplicación combinada de la cotización
por ingresos reales y las tarifas planas para las rentas mínimas.

6) Sobre los TRADES

Quiero llamar la atención de Sus Señorías en un colectivo que
nos preocupa especialmente, y es el comprendido por los
Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente
(conocidos como TRADES), el eslabón más precarizado de la
cadena de autónomos, y sobre los que los distintos gobiernos
han intentado establecer sistemas de protección mayores sin
conseguirlo, hasta el punto de ser una realidad aun no aflorada
en más de un 90%.

Nos parece posible afirmar, que buena parte de ese 90% no
reconocido como Trabajadores Autónomos Dependientes
Económicamente estará cotizando por bases mínimas, y que un
proceso regulatorio en este ámbito tendría que producir muy
probablemente un aumento de las bases de cotización conforme
a su realidad efectiva.

Con respecto a ellos, cabe recordar que en términos de
cotización se determinó que debieran ser el único grupo del
colectivo no discriminado en función de la actividad que realizan,
que debía subvenir a los gastos derivados de las contingencias
profesionales de manera obligatoria.

A nuestro juicio, y aplazando el debate de la necesidad de ir
considerando la siniestralidad laboral de los autónomos al mismo
nivel del trabajo por cuenta ajena, y por tanto una de las
contingencias de cobertura universal, obligatoria y contributiva,
sería posible trasladar ese coste de contingencias profesionales
al empleador, en cuya sede se desarrollan habitualmente este
tipo de actividades, descargando al autónomo del mayor
desembolso que se produce con el pago de esta contingencia.

7) Sobre la compatibilidad trabajo autónomo y pensión.

En UATAE no somos partidarios de habilitar una
compatibilización mayor al 50% actual entre la pensión y el
desarrollo efectivo de la actividad por cuenta propia, y ello por
cuanto, en primer lugar, hay aun cuatro millones de personas
desempleadas y llevar a efecto esta actuación puede servir como
tapón, impedir por tanto el flujo de entrada y salida, y por otro
lado no supone ningún ahorro al sistema, sino todo lo contrario,
sería un mayor gasto.

No ignoramos en este sentido que las pensiones que
habitualmente recibe el colectivo y que de media son un 41,2 por
ciento inferiores a las medias de los asalariados, constituyen un
estímulo a seguir trabajando por la importante pérdida de
ingresos. Aquí también la cotización por ingresos reales, y el
necesario aumento de la cuantía de las prestaciones por este
concepto, producirán el deseado efecto flujo en el sistema.

III.- RESUMEN DE MEDIDAS Y CONCLUSIONES

En definitiva Señorías, tienen una importantísima tarea entre sus
manos, aquí radica uno de los elementos centrales de nuestro
modelo de sociedad. Seguramente sea el reto económico y social
más importante al que se enfrentan como legisladores y al que se
enfrenta también la sociedad española; Se trata de garantizar el
bienestar de las personas al final de sus días, garantizar que
existe una forma digna de vivir cuando la edad impide el trabajo y
responder al esfuerzo contributivo realizado.

Para ello, y desde nuestro punto de vista es preciso:

Primero. - Creemos que es necesario optar por un modelo en
el que prime el principio de que las pensiones determinan
los ingresos. Se trata de decidir que pensiones
consideramos social y económicamente se deben percibir y
cuales han de ser los mecanismos para su financiación.

Segundo. - Para garantizar la suficiencia de dichas pensiones en
un modelo de dignidad y de eficiencia económica, la más
importante reflexión va dirigida a la obtención de ingresos; a
la necesidad de modificar el factor de sostenibilidad; y a que
la revalorización de las pensiones debe vincularse a los
precios.

Tercero. - Los recursos necesarios pueden venir de distintas
fuentes y deben resultar de la combinación de todas ellas
con el objetivo de repartir los costes. Cabe citar de manera
global: cotizaciones más elevadas, comenzando a corto
plazo por destopar las bases máximas de cotización;
mejoras en el Salario Mínimo Interprofesional; nuevos
impuestos para financiar pensiones; un nuevo Fondo de
Reserva, con una dotación adecuada; y en su caso, emisión
de deuda publica en función de la normativa europea.

Cuarto. - Hoy es igualmente vigente e incluso más necesario
transitar de verdad por el camino marcado por el Pacto de
Toledo, referente a la homologación del RETA y el Régimen
General de la Seguridad Social, y mejorar también la protección
social de los trabajadores por cuenta propia en términos de
contingencias profesionales y cese de actividad, que deberían
tener carácter universal y obligatorio para el conjunto del
colectivo.

Quinto. - Pero muy especialmente es preocupante el déficit en
términos de pensiones que sufre el colectivo de autónomos y
que nos ha abocado a ser jubilados pobres, o los más pobres de
entre los jubilados. Hoy la pensión media por jubilación de los
trabajadores por cuenta propia es de 703,4 euros, un 41,2 por
ciento inferior a la pensión media de los trabajadores por cuenta
ajena. Además, el 40 por ciento de los pensionistas del RETA
necesita complemento a mínimos.

Sexto. - Además, para superar el déficit económico del
RETA, del entorno de 6.500 millones, se hace preciso
avanzar en la idea de obtener financiación suficiente que
permita al sistema mejorar las pensiones de los trabajadores
por cuenta propia y al tiempo ser sostenible, suficiente y, a
nuestro juicio, también solidario y por ende contributivo.

Séptimo. - La fórmula que propone UATAE, entre otras que se
podrían analizar, consiste en establecer la referencia de
cotización en relación a los últimos ingresos conocidos,
adaptables por el autónomo en función de su realidad actual, que
él si va a conocer, si no con certeza si con aproximación, que
puedan verse modificados cada tres meses, y que finalmente se
regularicen una vez conocidos sus ingresos reales y efectivos
con carácter anual.

Octavo. - La tarifa plana únicamente tendría virtualidad en el
marco de un sistema de cotización ya si solidario y
contributivo, en el entorno de los ingresos ubicados por
debajo de la base que se determine como mínima y sin tener
en cuenta el momento del alta. En cualquier caso, las
políticas de estímulo al autoempleo deben financiarse con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no con la
Seguridad Social.

Para concluir, les recuerdo Señorías, que la representación
parlamentaria de la sociedad española suscribió un gran pacto
político reeditado en 2003 y 2011 sobre el sistema público de
pensiones. Dicho pacto estuvo acompañado de acuerdos
sociales sobre las medidas que debían acometerse para en un
marco de mejora continua dotar de mayores niveles de
sostenibilidad al sistema, y así poder enfrentarse a los retos que
sin duda acontecerían como sería el demográfico. Es cierto que
los efectos de la crisis han devastado entre otras estas
actuaciones, pero estamos a tiempo de recuperarlas, de
reflexionar juntos y de abordar reformas valientes, que como
en el caso específico del RETA se hacen imprescindibles
para la supervivencia de un sistema que permita mantener
las rentas, la solidaridad y la cohesión social en el momento
de la jubilación.

En nombre de UATAE, les traslado nuestra confianza en ustedes,
reitero los agradecimientos y nos ponemos a su disposición para
cuanto deseen preguntar o ampliar en el día de la fecha o en el
futuro.

Madrid, 1 de febrero de 2017

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