¡¡Qué aburrimiento!! Si no fuera por la importancia de las pensiones

Carlos Bravo Fernández
Secretario confederal de protección social y políticas públicas de CCOO.

Parece que (otra vez) todo vale. Ahora en el debate de las reiterados y fallidos intentos de
investidura para conformar un nuevo gobierno. Las pensiones han vuelto a ser un arma
arrojadiza. El Pacto de Toledo, entendido como un espacio compartido por lo político y lo
social para hacer un seguimiento permanente del sistema de seguridad social, se configuró
también para evitar la antigua costumbre de utilizar las pensiones en el debate más chusco y
cortoplacista que suele acompañar una parte de los procesos electorales. Ha bastado que este
Pacto haya sido intencionadamente obviado por el gobierno una única legislatura, para que la
situación del sistema de seguridad social se haya visto gravemente degradada y, (otra vez), las
pensiones sean un rehén político del debate electoralista.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos al discurso, casi chantajista, planteado por el
gobierno en funciones argumentando que, si no hay investidura de un nuevo presidente, no es
posible la revalorización de las pensiones para el año 2017 (igual que, de paso, se ha utilizado
ese mismo argumento para la subida salarial de los empleados públicos). Una afirmación que,
sencillamente y una vez más, no es cierta.

Ciertamente, no compartimos la idea de que es igual tener o no gobierno. Es más que
conveniente tenerlo. Pero aún en una situación política tan excepcional como la que vivimos,
las instituciones cuentan con resortes legales suficientes como para no verse bloqueadas. La
revalorización de las pensiones puede producirse con un gobierno en funciones, por razones
de urgencia o interés general (art. 21 de la Ley del Gobierno) mediante varias vías: sin duda la
más rápida es mediante un Real Decreto-Ley convalidado posteriormente por el Parlamento.
Una solución que requiere extraordinaria y urgente necesidad, es cierto, pero que ha sido
profusamente utilizada, muy especialmente en los últimos años de gobierno del Partido
Popular, para aprobar cuestiones de menor importancia y urgencia que esta. Una solución, por
ejemplo, que ya fue utilizada para la renovación del Programa de Activación para el Empleo en
abril pasado en un contexto similar, entre otros variados antecedentes. Pero incluso con el
Parlamento disuelto por una tercera cita electoral, la misma Diputación Permanente podría
realizar la convalidación (vía artículo 57 del Reglamento de la Cámara, en relación con el 86 de
la Constitución). Sin duda, puede discutirse si la utilización de estas previsiones legales es de
aplicación a este u otros casos, pero no parece que el Gobierno del Partido Popular sea el más
indicado para defender una interpretación restrictiva de los mismos.

Que las pensiones públicas deben revalorizarse es una cuestión clara y no deberíamos perder
demasiado tiempo en discutirlo. Sin embargo ese debate es recurrente y no es raro que
puestos a centrar el debate en las pensiones, se señale la revalorización. Pero si además de
mero electoralismo se quiere hacer política útil de verdad, deberíamos también mirar un poco
más allá.

Junto con el necesario mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, el
problema real más grave que aborda hoy la Seguridad Social es su situación de desequilibrio
financiero anual en más de un 1% del PIB (en 2016 puede superar el 1,5% más de 16.000
millones de €). Pese a la pasividad que esta situación ha encontrado en una parte relevante del
espectro político, no hemos sido pocos (aunque claramente aún no suficientes) quienes desde
hace tiempo venimos señalando la urgencia de tomar decisiones.

La reforma de pensiones pactada en 2011, en línea con las anteriores suscritas en el marco del
Pacto de Toledo desde 1995, ya preveía la necesidad de buscar fuentes adicionales de
financiación a partir del año 2027, para hacer frente al reto demográfico de la llegada del
baby-boom a la edad de jubilación. Pero la duración de la crisis y las consecuencias de las
políticas impuestas por el Gobierno (austeridad, reforma laboral, tarifas planas, etc.) han
agravado la situación de desempleo y precariedad laboral, provocado el déficit que
actualmente registra el sistema y abocado al consumo anticipado del Fondo de Reserva. Esta
situación nos obliga a tener que anticipar medidas que en la reforma de 2011 se previeron
para más adelante.

La alternativa a adoptar estas medidas también es conocida: acudir al Fondo de Reserva hasta
agotarlo suspendiendo los límites máximos de utilización previstos en la Ley, y actuar para
reducir la cobertura futura de las pensiones. Lo primero está próximo a suceder. La reducción
del nivel de protección en pensiones se producirá, si no lo corregimos, como consecuencia de
la última reforma impuesta, por primera vez sin acuerdo desde 1995, por el gobierno en 2013.

Tanto por una reducción en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la
esperanza de vida (factor de sostenibilidad), como por la utilización de una nueva fórmula de
revalorización anual de pensiones que no garantiza por sí sola el mantenimiento del poder
adquisitivo (nuevo Índice de Revalorización de Pensiones). La Comisión Europea reconoce que
el efecto de la Reforma de pensiones de 2013 supondrá que la Tasa de reemplazo de las
pensiones (equivalencia entre pensión/último salario) puede perder cerca de 30 puntos
porcentuales entre 2013 y 2060 (pasando del 79% al 48,6%). Si demoramos la rectificación de
esas medidas, la probabilidad de tender a esa situación es elevada.

Aún a pesar de los intentos fallidos de investidura, la Comisión parlamentaria del Pacto de
Toledo debe constituirse inmediatamente y deben convocarse los espacios de Diálogo Social
con sindicatos y organizaciones empresariales, para articular medidas rápidas en materia de
cotizaciones, de un lado, de incremento de las fuentes de financiación adicionales vía
impuestos, de otro. Con ello, en primera instancia, debemos reequilibrar la situación financiera
de la Seguridad Social; posteriormente, debemos abordar la revisión del Sistema y volver a
colocar las pensiones en el marco de una política estratégica que se sostiene con la
participación y el consenso político y social más amplio. Esa es la urgencia, no la de utilizar las
pensiones como elemento de regate corto en el juego de presiones negativas para intentar
alcanzar una investidura. La discusión de estas medidas debería ser uno de los ejes centrales
del debate político.

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